lunes, 13 de septiembre de 2021

LOS DILEMAS DE LA MERITOCRACIA, SEGÚN DUBET (II)

Meritocracia y discriminación
Damos continuidad a nuestra entrada anterior
relacionada con los dilemas planteados por François Dubet sobre la meritocracia.

El séptimo dilema es el de la medición y la percepción de los sujetos frente a la movilidad social. Según Dubet, los sociólogos razonan basados en los promedios, pero los actores sociales viven en distribuciones. Los sujetos piensan y evalúan su situación particular. Por un lado, salvo que se trate de los muy muy ricos o de los muy muy pobres, en general estamos en zonas más flotantes. Por otro, aunque no creamos en el mérito no se puede vivir sin cierta creencia en él. Cuando nos planteamos como iguales con respecto a los demás, indirectamente estamos obligados a creer, aunque sea un poco, en el mérito. Las personas entrevistadas por Dubet, a pesar de reconocer y vivenciar la situación de discriminación afirmaron: “No quiero explicar todo lo que me pasa a partir de la discriminación”. Por una razón muy simple: adherirse a esta explicación supone dejar de ser actor.

El octavo, la construcción social del pobre y el papel del Estado. El pobre como sujeto “vago, perezoso, que no se esfuerza”, encaja en el paradigma de sujeto no merecedor de la solidaridad colectiva, al no orientarse por el modelo meritocrático. Según Dubet existe un desprecio de clase porque hay valores falsos. “Es decir, el sistema económico fabrica a los pobres, y luego es necesario un sistema simbólico que justifique el hecho de que existen los pobres. Es lo que yo llamo un razonamiento-Marx. Lo que genera la constitución de grupos sociales” (2021:492).

Agregaríamos que el modelo meritocrático es un constructo individualizador, que carga sobre los sujetos la responsabilidad de su situación social, sin ningún énfasis en la acción colectiva para transformar las condiciones sociales, base fundamental para hablar de la supuesta meritocracia.

Por último, queremos cerrar con el llamado que hace Dubet a los sociólogos, frente a la imposibilidad de que la sociedad pueda domesticar el mercado: “En todo caso, puede que los sociólogos tengamos una responsabilidad ahí, que consiste en decir que la búsqueda de la igualdad en la redistribución es una ventaja colectiva muy importante, incluyendo una gran diversidad económica” (201:294).


BIBLIOGRAFÍA

Jorge Atria, 2021. Los dilemas de la meritocracia. Entrevista con François Dubet. Revista Mexicana de Sociología 83, núm. 2 (abril-junio, 2021): 475-494.

lunes, 6 de septiembre de 2021

LOS DILEMAS DE LA MERITOCRACIA SEGÚN DUBET

Dilemas de la meritocracia
Jorge Atria realiza una entrevista a François Dubet, reconocido sociólogo francés, por investigaciones como La experiencia sociológica (Gedisa), El trabajo de las sociedades (Amorrortu), El declive de la institución (Gedisa) y Repensar la justicia social: contra el mito de la igualdad de oportunidades (Siglo XXI Editores).

La conversación versa sobre los dilemas de la meritocracia. Uno de ellos es sobre su conceptualización. ¿Qué es la meritocracia? Señala la dificultad de conceptualizarla, porque mientras, por ejemplo, en Francia se presenta una competencia más escolar, sustentada en el Estado; en Estado Unidos toma la forma de una competencia más económica, más liberal. En este sentido, la meritocracia “es un principio incontestable, indefinible, y sin embargo, un principio del cual no podemos prescindir. No es posible descartar el mérito” (2021:477).

Un segundo dilema es el papel que juega el esfuerzo vs el mérito. En tanto los sectores populares señalan que su movilidad obedece al esfuerzo; la gente de arriba dice que es el talento y el esfuerzo. Pero todos y todas terminan adhiriéndose al principio meritocrático; aunque no se termine por creer en él, especialmente en sociedades en donde la desigualdad es vergonzosa.

Un tercero es: ¿Qué hay que priorizar: la igualdad de condiciones o el mérito? Alemania, por ejemplo, garantizó la igualdad de condiciones antes que el mérito, articulándolas. No es posible hablar del mérito sin considerar previamente unas condiciones que garantizarán la competencia. Por ello Dubet señala que la igualdad de condiciones obliga a establecer “cuál es la situación máxima de aquel que tiene el máximo de mérito, y cuál es la situación mínima para aquel que tiene menos mérito”. Esto supone garantizar al más débil, incluso carente de mérito, condiciones decentes. En las sociedades más igualitarias la movilidad social es mayor, refuerza la meritocracia. Aunque el ethos estadounidense del self-made man tiene una fuerte representación social.

El cuarto es la construcción de un sistema de igualdad de oportunidades asociado a políticas de discriminación positiva o acciones positivas. Es complicado hablar de meritocracia sin hablar de igualdad de oportunidades; pero ésta pasa por la mejora de las condiciones económicas, señala el autor.

El quinto, la credibilidad sobre la meritocracia. Aunque no se suele creer en ésta, es un sistema de justificación que al final los sujetos están obligados a asumir porque eso les permite comunicarse con los demás. Aún existe un importante porcentaje de personas, tanto de sectores populares como de clase alta que consideran que las personas más pobres son por flojera, por no querer esforzarse. Se justifican las desigualdades para negarles la igualdad a los demás.

El sexto dilema es la relación entre desigualdad social y discriminación. La discriminación se fundamenta en el principio de la igualdad jurídica: todos los individuos son iguales, todos son competentes, tienen igual mérito. La discriminación, de alguna manera, supone el triunfo de la igualdad, en la medida que para ser discriminado es necesario reconocer la igualdad en términos de méritos. Es el caso de la discriminación de género: una mujer ingeniera, con las mismas competencias puede ser excluida en favor de un hombre. Se discrimina a partir de un principio de igualdad. Pero si no se elige a la mujer porque está menos calificada, menos educada y es menos competente, entonces se trata de un problema de desigualdad social. No es un problema de discriminación, la discriminación supone igualdad.

Según Dubet la mayor parte de las desigualdades no se explican por la discriminación. La mayoría de las desigualdades se explican por la explotación económica. Si las personas tienen una baja remuneración es porque son explotadas, no porque son discriminadas. Ahora, si además la persona es negra y gana menos una blanca, entonces a esto se suma la discriminación.

Los orígenes de esta distinción se remontan al marxismo, que centra el problema en términos de igualdad social, en la sociología de las estructuras sociales, pues se parte de la existencia de desigualdades estructurales. Mientras la reflexión en torno a la discriminación está enmarcada en la discusión de la igualdad de oportunidades, la reflexión sobre la meritocracia, es un modelo liberal; incluso, conservador.

En la siguiente entrada continuaremos con los dilemas de la meritocracia presentados por Dubet.


BIBLIOGRAFÍA

Atria, Jorge, 2021. Los dilemas de la meritocracia. Entrevista con François Dubet. Revista Mexicana de Sociología 83, núm. 2 (abril-junio, 2021): 475-494.

miércoles, 1 de septiembre de 2021

PARADOJAS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL CONTEXTO DIGITAL

Imagen de Jone Martínez-Palacios
Durante algún tiempo hemos creído que el proceso de digitalización y las Tecnologías de la Información y la Comuniación (TIC) estaban facilitando una mayor participación en política. Pues bien, el análisis de la cuestión desde las ciencias sociales está poniendo todo esto en duda.

Dominique Cardon (2010) esbozó el concepto de esfera pública restringida, dentro de una lógica de ciudadanía liberal en la que las TIC posibilitan un fuerte proceso de individualización en el que cada persona se relaciona con las administraciones de manera fragmentada en el tiempo y acotada en píldoras. Sin poner, en ningún caso, en cuestión los ritmos y la estructura del poder.

Jone Martín-Palacios, desarrolla y amplía esas ideas a partir de una original investigación de orden cualitativo tomando documentos públicos ligados a las nuevas ideas de participación ciudadana. Nos resulta muy interesante el concepto de encauzamiento de la participación, que dibuja una participación política ligada a un diseño, una modelización y una nueva burocratización que despolitiza a los sujetos y los aleja de cualquier puesta en cuestión de las prácticas de dominación política. La burocratización se explica ligada a la estandarización de un modelo de gestión; a fórmulas orientadas al control de resultados; a una fuerte procedimentación jurídica; a fórmulas de abstracción y objetivación de la participación, cargadas de biopolítica; a la individualización y la ruptura de la lógica comunitaria; a la normalización de disposiciones morales; y a una sofisticación y profesionalización elitista de la participación política.


BIBLIOGRAFÍA

Cardon, D., 2010, La démocratie Internet, promesses et limites.Paris: Seuil-La République des idées.

Martínez-Palacios, J. 2021. “La burocratización neoliberal de la participación ciudadana en España”. Revista Internacional de Sociología 79 (2): e184. http://doi.org/10.3989/ris.2021.79.2.20.48

martes, 24 de agosto de 2021

SOS: PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD – DIVERSIDAD FUNCIONAL

Hoy queremos seguir dándole la palabra a nuestro querido amigo colombiano William López Gutiérrez, profesor universitario, que en su diversidad funcional quiere ser y hacer parte de la voz de personas de este colectivo. A continuación exponemos, como él señala:

“SILENCIOS, LO QUE NO SE DICE, ACTOS VEJATORIOS CONTRA LOS PACIENTES DIVERSAMENTE FUNCIONALES O PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: SOS

El siguiente trabajo es el resultado de unas entrevistas hechas a 20 personas en situación de discapacidad con consentimiento informado. Recoge algunas de sus demandas y formas de vivenciar su situación. Por ello el texto fluye entre los sentires y las demandas de este colectivo.

- Posibilitar el acceso al empleo a los diversos funcionalmente.

- Desplegar una política de terapias sexuales para las personas que tienen accidentes cerebrovasculares y otros. Por ejemplo, en España hay terapia sexual para diversos funcionales.

- La mayoría de enfermeras, los terapeutas, los familiares son excelentes cuidadores físicos pero no tienen los recursos psicológicos para descifrar las distintas emociones de nuestro colectivo: sus sueños, sus motivaciones, sus deseos de socialización, es decir, de encontrarse con el otro y sus ansias de comunicarse con el exterior. En general, hay un desconocimiento de los hábitos, de las formas de ser, sentir, valorar y actuar de las personas (no enfatizo en pacientes) diversas funcionalmente.

- Establecer terapias de rehabilitación no de mantenimiento: terapias de 50 minutos y no de 30 minutos para la recuperación de las personas diversas funcionalmente.

- Promover la educación pública y gratuita para las personas [CMLP1] diversas funcionalmente, especialmente becas para primaria, secundaria y universitaria. Por eso, es importante que las enfermeras aprendan computación, cuenten con experticia en tecnologías de la información, para auxiliar a las personas en situación de discapacidad. Implementar esta política sería un caso único y un importante avance a nivel mundial.

- Eliminar las barreras arquitectónicas en los lugares públicos que limitan el libre acceso a las personas en situación de discapacidad.

- Proponemos el diseño, la construcción y la asignación de viviendas provistas de dispositivos que faciliten la autonomía e independencia en su propio entorno.

- Lucharemos por el control de precios (y reducción del IVA) de los pañales, los medicamentos y las cremas. Combatiremos el poder de las grandes productoras y comercializadoras como Omnilife.

- Requerimos una atención interdisciplinaria (neurólogos, fisiatras, médicos, abogados, trabajadores sociales, psicólogas) orientada a rehabilitar, cuidar y defender los derechos de las personas diversamente funcionales.

- Apostar por una atención y cuidado biosocial, por ello es importante impartir a las enfermeras y terapeutas formación específica orientada a una mayor comprensión y empatía con las emociones, sueños, ilusiones, trayectorias laborales y rutinas de trabajo de las personas disfuncionalmente diversas.

- La mayoría de las enfermeras desconocen las más elementales normas o protocolos de bioseguridad para el paciente disfuncionalmente diverso. Por ejemplo, no subir la baranda de una cama cuando se voltea el paciente o llevar la silla de para atrás cuando la calzada está en bajada. Hacer un curso al respecto.

- Demandamos sensibilidad y profesionalismo en los procesos de empalmes entre el cambio de enfermera. Suele ser habitual que la enfermera antigua promueva una imagen negativa de la persona en situación de discapacidad, reproduciendo las malas prácticas biosociales por parte de la nuevo cuerpo de enfermeras/os.

- Usualmente las clínicas privadas, los hospitales públicos, las instituciones at home o homecare (hospitales en casa o salud domiciliaria) piden firma de consentimiento informado a los familiares sin considerar la capacidad de las personas en situación de discapacidad para autodeterminarse, muchas de ellas con facultades cognitivas plenas y con incapacidades motoras o físicas relativas. La norma internacional de la Organización Mundial de la Salud dice que se debe tener en cuenta primero a los pacientes, respetando su autonomía y libertad. Se debe garantizar su firma, vía digital o nuestras huellas dactilares. Es la forma de hacer respetar nuestros derechos. El no cumplimiento de esta norma internacional ha dado como resultado abusos y exceso de autoridad con los pacientes por parte de la mayoría de los familiares. Las personas diversas funcionalmente son tratadas como niños, violando su relativa autonomía y libertad; discriminados, pierden toda capacidad de decisión, no tienen ni voz ni voto, dejan de ser sujetos de derecho. No todos tenemos la suerte de estar en entornos familiares democráticos. Se olvida que el sujeto y las familias son una construcción social e histórica. Se requiere urgente una nueva política nacional. La norma internacional dice que el bienestar del paciente depende de sus ambientes socioeconómico y psicosocial. Además, violan el parágrafo 3 de la ley 100 de 1993 de Colombia, que indica que primero se debe escuchar a los pacientes en situación de discapacidad. No les importa lo que piensa o siente el paciente. Así está diseñada la política nacional. Los protocolos de salud son obsoletos. Casos como estos deberían ser tratados por la Secretaría de Salud municipal -El defensor del paciente-.

- Solicitamos compartir los poderes jurídicos de la administración de la pensión (sobre todo en procesos de interdicción) en un 60% para el paciente y 40% para el familiar; siempre que la persona en situación de discapacidad cuente con sus facultades mentales plenas e incapacidad motora relativa. Ello garantiza la relativa autonomía y bienestar emocional y psicológico del paciente mediante su firma dactilar o digital, como forma recursiva de comunicarse en determinadas situaciones. Por esta vía, se asegura el reconocimiento del paciente y respeto a sus proyectos de vida.

- La interdicción se justifica en casos de pacientes frontalizados (pierden toda capacidad cognitiva y motora física), alzhéimer, esclerosis lateral amiotrofia (ELA), entre otros.

- No suele haber coincidencia entre la percepción de los pacientes y la mayoría de los familiares respecto al quehacer de las enfermeras y terapeutas. Los avances físicos que observa el paciente no los observan los familiares.

- La percepción de los pacientes sobre sus gestos corporales o sonidos de la boca es distinta a la percepción de la mayoría de las enfermeras y familiares. Por eso, ponen en boca del paciente lo que jamás ha expresado o querido decir. Lo ideal es escucharlos, esforzarse por dilucidar sus sueños, sus formas diversas de comunicarse, de expresarse, de sentir, de pensar, de soñar, de desear y de actuar.

- ¿Qué hace un paciente en situación de discapacidad todos los días? Ve telenovelas, noticieros, lee libros, escribe documentos, entre otros, y se comunica con el computador, vía internet. Estos deberían ser espacios de comunicación, de intercambio, de diálogo. La sugerencia de enseñarles a leer las telenovelas y noticieros.

- Las empresas Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) solo cubren los riesgos a las enfermeras cuando realizan tareas de acompañamiento de urgencias médicas. Todos los pacientes discapacitados tienen derecho a asistir a reuniones sociales y a gozar de un acompañamiento profesional.

- Por último, demandamos que los pacientes diversos disfuncionales o discapacitados ejerzan sus derechos políticos. Actualmente, en Colombia les está prohibido, constitucionalmente ser presidentes, así cuenten con apoyos.

Agradezco la confianza depositada de todas las personas que confiaron en mí para expresarme su sentir, y en especial a Andrés Astudillo, fisioterapeuta físico.


William López Gutierrez Williamlopezgutierrez57@gmail.com

lunes, 16 de agosto de 2021

¿DISCAPACIDAD O DIVERSIDAD FUNCIONAL?

Imagen de Javier Romañach en un cartel
En otras entradas hemos hablado sobre discapacidad y diversidad funcional. Queremos reflexionar sobre dicha conceptualización, que como toda conceptualización está en proceso de deconstrucción. Tal vez es uno de los ejemplos que mejor pueden ilustrar cómo los procesos de normalización lingüística encarnan violencia.

Desde la década del ochenta, en el esfuerzo por proveer de responsabilidad a la sociedad sobre la exclusión y marginalidad que vivencian las personas en situación de discapacidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece diferencias entre deficiencia, discapacidad y minusvalía.

Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.

Discapacidad: es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.

Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, el género y factores sociales y culturales) (OMS, 1980).

Gráficamente, podríamos ilustrar que una persona que pierde la vista posee una deficiencia que se traduce en una discapacidad visual como es el hecho no poder ver, y a su vez una minusvalía al tener mayores dificultades para acceder al mercado laboral o afectivo -esta sería la dimensión social-.

Bajo esta clasificación, no toda deficiencia conlleva una discapacidad ni, por tanto, una minusvalía, hecho en el que inciden las medidas compensatorias y adaptativas de orden social que encaminadas a reducir la situación desventajosa. Esta clasificación permite aclarar cómo una deficiencia puede provocar una ausencia de capacidad en una actividad o situación determinada y no necesariamente en todas. Era una forma de atajar los procesos de exclusión y marginación social que le sobrevenían a estos colectivos, visibilizando la responsabilidad de los campos político, social y familiar. De ahí que existiera el matiz de personas en situación de discapacidad para distanciarse del paradigma individual, que históricamente ha lastrado al colectivo.

No obstante, esta conceptualización no ha logrado borrar el estigma social asociado a este tipo de clasificación social. Hablar de discapacidad sigue suponiendo hablar de exclusión social, por el estigma asociado a la “rareza”, que singulariza negativamente la posición del individuo frente a lo valorativo (Anisi et al., 2003, p. 13). La situación de “rareza” vinculada a la discapacidad lleva a una serie de desventajas sociales y laborales que persisten en el tiempo (López y Seco, 2005). El estigmatizado es un ser desacreditado, no posee crédito social, tiene una indeseable diferencia. Los individuos que prescriben y ejecutan el alejamiento del estigmatizado se llaman a sí mismos normales, los normales humanos, puesto que esos otros, los no normales, no son completamente humanos (Goffman, 1980).

Por ello, desde 2005 el Foro de Vida Independiente viene adelantando esfuerzos por distanciarse de la clasificación binaria: normal/anormal precedente (Romañach y Lobato, 2005).

Primero, destacan la violencia ejercida en toda clasificación, por la arbitrariedad que ella supone. Por ejemplo, si la gran mayoría de las personas no pudieran ver, posiblemente lo normal sería no tener vista, y lo anormal tenerla. Todos los dispositivos sociales y tecnológicos estarían orientados a normalizar esta situación. Posiblemente los ordenadores no tendrían pantalla, ni habría televisión y se desarrollarían otros dispositivos a la par que otros sentidos ganarían presencia social (el olfato, el tacto o el gusto, por ejemplo).

Segundo, todos los hombres y mujeres funcionan de manera diversa, poseen funcionalidades diversas. Por ejemplo, me dirijo al supermercado ayudado con una silla o con mis propias piernas o con una prótesis. La función es la misma: transportarnos, pero diversa. “La diversidad funcional se ajusta a una realidad en que la persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia del individuo y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tienen en cuenta esa diversidad funcional” (Romañach y Lobato, 2005:325)

Tercero, proponen una nueva clasificación social: hombres y mujeres con diversidad funcional. Diversidad entendida como riqueza, no como déficit, como “rareza”.

Cuarto, resaltan las diferencias porque es una realidad, pero lo hacen en positivo. Destacan con orgullo la diferencia a la vez que encuentran en la diferencia su dignidad como personas.

Quinto, lo que une al colectivo no es su diversidad interna, sino la discriminación social que diariamente sufren tanto mujeres como hombres por su específica diversidad funcional.

Sexto, la solución a la discriminación y exclusión social pasa por dar respuesta de manera diversa y específica a cada colectivo: diversidad funcional visual, diversidad funcional auditiva, diversidad funcional física, diversidad funcional orgánica, diversidad funcional mental, diversidad funcional intelectual, entre otras.

Algunas asociaciones que luchan por la inclusión social de estos colectivos se niegan a asumir esta nueva clasificación porque opaca la diferencia con el resto de personas. No colocar el acento en la discapacidad supone no visibilizar de manera suficiente los procesos de marginación y exclusión de estos colectivos y en esa medida desdibuja la lucha entorno al despliegue de acciones afirmativas o de discriminación positiva.

Distanciarse de los procesos de normalización que encierran las categorías binarias normal/anormal es una reflexión que hay que adelantar, es una lucha por la deconstrucción del significante y significado entorno a la discapacidad que se presenta en los campos social, político y académico.


BIBLIOGRAFÍA

Anisi, D., Fernández, G., García, C., Malo, M., Pita, C. y Torregrosa, R. (2003). Análisis económico de la exclusión social. Madrid: Documentos CES - Consejo Económico y Social.

Goffman, E. (1980). Estigma. La identidad dete- riorada. Buenos Aires: Amorrortu.

López Pino, C.M. y Seco Martín, E. (2005). Discapacidad y empleo en España: su visibilidad, Innovar 15 (26 ), 59-72.

Romañach, J. y Lobato, J. Diversidad funcional: nuevo término sobre la lucha por la dignidad del ser humano. Comunicación y discapacidades.

lunes, 9 de agosto de 2021

CONFESIONES DE UN INTERDICTO (I)

William López Gutiérrez
Hemos publicado varias entradas sobre la interdicción, y en esta oportunidad nos gustaría dar a conocer el sentir de nuestro entrañable amigo colombiano, William López Gutiérrez, profesor universitario; quien es interdicto por su situación de discapacidad y aunque no puede hablar sí puede comunicarse con nosotros y expresar su sentir sobre esta problemática.

Aprovechamos para trasmitir sus ideas:

“Algunas amigas y amigos suelen preguntarme ¿cómo estoy? Les respondo: soy FELIZ, todos saben que la política (no oficial) está en mi ADN, excepto por el lunar negro, la interdicción o inhabilidad, que data desde el medioevo, pensada como de origen divino. Hoy, se eliminó en Colombia (Ver internet). Existen 3 modelos de interpretación en nuestro país: 1) El religioso 2) El médico 3) El social.

La interdicción realmente fue un autogol, por desconocimiento de la norma, niega derechos civiles y políticos. La abogada que lleva el caso de la interdicción, no nos advirtió de los peligros y negaciones que traería la inhabilidad, solo le preocupa recibir los honorarios, es lo que llamo abogada mercenaria o simplemente no sabía o tiene una concepción conservadora del derecho (no tiene formación epistemológica, desconoce la historia social de sus “clientes”, no es interdisciplinaria y desconoce la historia de la interdicción).

- Mientras tanto, avanzo en el conocimiento básico de la computación.

- En el juicio de la interdicción, a nuestro parecer, hubo varias fallas procedimentales, el psiquiatra nunca tuvo comunicación conmigo, a sabiendas que me contactaba con un tablero de comunicación y el juez de familia jamás me llamó a la audiencia. Eso se llama discriminación. Para él, nosotros no existimos. La idea es pedir la anulación de la sentencia de interdicción o inhabilidad y exigir un poder de responsabilidad compartida. Suponemos que los derechos civiles y políticos, no prescriben.

Lo primero que nosotros sentimos, las personas en situación de discapacidad, es la pérdida de independencia. La incapacidad para decidir. Dependemos de otros, que no nos consultan, ni siquiera no nos tienen en cuenta y oyen. Para que nos oigan, tenemos que reaccionar, enojarnos, si es el caso. Algunas veces somos tratados como objetos, otras como sujetos, depende de quién o quiénes y en qué circunstancias.

La interdicción se justifica cuando el paciente pierde el 100% de sus facultades cognitivas y motoras (físicas), como los pacientes frontalizados (con lesiones cerebrales severas), los que están en la última etapa del Alhzeimer y los que sufren de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa, poliomielitis aguda, reitero.

Además, te digo que vivir amarrado a una cama y a una silla, te cambia la forma de ver el mundo, es diferente a sus congéneres. Cualquier detalle importa: oímos, vemos, olfateamos, intuimos, razonamos, discrepamos, procuramos consensos, a veces requerimos ser diplomáticos, tratar al otro con guantes de seda, vemos noticias en televisión, vemos telenovelas (en mi caso, históricas y brasileñas) leemos los correos que han llegado diariamente, participamos en plataformas digitales. Somos hipersensibles y obsesivos.

Caemos en cuenta 
que gozamos de una pluri-capacidad (Todos tenemos diferentes capacidades) y no una discapacidad, para transformar contextos o situaciones. Gran parte de la gente, la mayoría de las familias, médicos, psiquiatras, neurólogos, instituciones especializadas en nuestros casos, salud domiciliaria o homecare, no ven esto.

- Los psiquiatras, los médicos y las instituciones especializadas sólo piden exámenes clínicos (tomografías, resonancia magnética, rayos X, etc...), se olvidan de la historia laboral, antecedentes familiares y del contexto social e histórico del paciente.

- Peor aún, el mismo paciente no requiere y exige de bioseguridad.

- Algunas amigas o amigos se esfuman, desaparecen. Es un trago amargo que tenemos que saborear.

- Los médicos y psiquiatras, creen suficiente con mandar pastas (es lo que promocionan las EPS), eso se llama determinismo biológico.

- Los centros geriátricos, también discriminan. Sólo atienden bien a los adultos mayores, cuyos familiares pagan.

- No sólo existe la discriminación racial. También, la hay contra los diversos funcionales (personas en situación de discapacidad), adultos mayores pobres y mujeres (machismo, feminicidio, desigualdad de género por salarios, entre otras discriminaciones).

- Entre tanto, seguiré con otros y otras, de manera testaruda, en la odisea de ir explorando conjuntamente, la viabilidad de una política alternativa, entre otras. Como dice Patricia Botero Gómez: “si una puerta se cierra, abrimos otra puerta”.

William López Gutiérrez
williamlopezgutierrez57@gmail.com

lunes, 2 de agosto de 2021

DE LA INTERDICCIÓN A LA RESPONSABILIDAD COMPRATIDA

Derribar la interdicción es considerar que las personas en situación de discapacidad o diversidad funcional son sujetos de derechos civiles y políticos, pero en tanto se den una serie de condiciones estipuladas no sólo por el marco jurídico sino por la acción social.

En este proceso de homogenización de la norma, en donde los diferentes países muestran disposición a legislar para proteger a sujetos invisibilizados; sujetos carentes de voz, que sólo han sido escuchados cuando colectivamente -junto con sus familias-, han roto su silencio, cuando se han movilizado y expresado que ellos, como los otros, son seres humanos; y en el marco de su diversidad y ataduras físicas son sujetos con capacidad para autodeterminarse.

Si bien, en un número importante de países las personas interdictas reciben algunos apoyos, el derribo de la interdicción apunta, entre otros aspectos, a:

- Reconocer la autonomía, la autodeterminación y la voluntad de las personas en situación de discapacidad para decidir sobre su propia vida, como sujetos de derechos civiles y políticos.

- Previo un dictamen de los campos médico y jurídico, determinar el grado de discapacidad de los sujetos y proceder a autorizar una responsabilidad compartida.

- Establecer la responsabilidad compartida. La voluntad de la persona en situación de discapacidad debe ser considerada en el momento de determinar con quién ha de compartir la responsabilidad.

- Decretar que la voluntad y los deseos de las personas en situación de discapacidad deben ser considerados en todas las actividades cotidianas vinculadas al goce de la vida misma, al cuidado y administración de los bienes; previo dictamen del juez, quien determinará qué actividades puede desarrollar solo y en cuáles necesitará ayuda. Es decir, establecer los espacios en los cuales son plenamente autónomos y en qué situaciones requieren de apoyos o una responsabilidad compartida.

- Eliminar del ámbito de la discapacidad, no solo la tutela, sino también la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras muy rígidas, poco favorables a la promoción de la autonomía de las personas adultas en situación de discapacidad. Además, esto cuestiona que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas para favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia posible y se prepare para vivir en el futuro sin la presencia de sus progenitores, dada su previsible supervivencia.

- Desplegar una serie de apoyos (económicos y de cuidado) para garantizar la autonomía de las personas.

- Priorizar el principio de correspondencia, es decir, los apoyos que se presenten para tomar decisiones deben ser acordes con la situación específica de cada persona.

- Derribar las barreras comunicativas. Respetar las diversas formas de comunicación de estos colectivos, por ejemplo, el lenguaje de señas, la visualización de textos, la comunicación táctil, el braille, los macrotipos, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada, así como el lenguaje escrito, entre otros; considerando los apoyos brindados por los avances en la tecnología de la información y de la comunicación.

- Avanzar en la restitución de los derechos políticos, como elegir y ser elegido.

La preocupación centrada en los temas patrimoniales debe dar paso al modelo del cuidado para el ejercicio de la curatela, considerando la situación particular, la singularidad de los sujetos, sus historias personales, sus sueños y luchas, las cuales transcurren muchas veces en soledad y silencio. “Todas las personas, y en especial las personas con discapacidad, requieren ser tratadas por las demás personas y por los poderes públicos con cuidado, es decir, con la atención que requiera su situación concreta” (Proyecto de Ley 121/000027, 2020:4).

Pero no basta un proceso de homogenización de la norma, para que ésta tenga efectos sobre la vida de los sujetos es necesario convertir esta situación en un problema social, lo que supone una tarea de reconocimiento y de legitimación, y en este caso particular de institucionalización de la norma (Lenoir, 1993).

Por ello amerita avanzar en estudios que indaguen sobre este problema. Por ejemplo:

- ¿en qué medida los sujetos en situación de interdicción conocen este marco de oportunidad legislativa?

- ¿Cuentan con apoyos materiales e intelectuales para hacer valer sus derechos?

- ¿Qué garantías reales han desplegado los diversos gobiernos para garantizar el derecho a la autodeterminación, a la autonomía, a la no discriminación y libre desarrollo de la personalidad de las personas en situación de discapacidad?

- ¿Cuál es la eficacia de la aplicación de la Ley? Son conocidos los largos y kafkianos procesos de orden procedimental de tipo administrativo y legislativo que suelen restar eficacia de la ley.

- ¿En qué medida los apoyos reconocidos por la ley llegan a las personas en situación de discapacidad?

- ¿Cómo funciona el trato personalizado establecido en los diversos sistemas legislativos, en cuanto al reconocimiento de la voluntariedad de los sujetos y la gestión de los apoyos?

En fin, son preguntas a investigar cuyo desarrollo contribuiría a visibilizar esta problemática y a la institucionalización de la ley, siempre y cuando cuente con procesos de movilización social, porque “el derecho funciona cuando se reclama”. Además, todos y todas no estamos exentos de ser sujetos interdictos, porque todas/os avanzamos en edad y esta situación nos pone en el filo la interdicción: de convertirnos en sujetos despojados de derechos civiles y políticos.


BIBLIOGRAFÍA

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los diputados, 2020. 121/000027 Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. España.

Lenoir, R. (1993). Objeto sociológico y problema social. En: Lenoir, R., Merllié,D. y Pinto, L., Introducción a la práctica sociológico (pp. 57-101). México: Siglo XXI Editores.

lunes, 26 de julio de 2021

DIVERSIDAD FUNCIONAL E INTERDICCIÓN

Representación de la interdicción
La lucha de los colectivos en situación de discapacidad o diversidad funcional por derribar la interdicción a la que buena parte de sus afiliados han estado sometidos parece tener resultados positivos como muestra el acuerdo logrado en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, llevado a cabo 13 de diciembre de 2006, en New York. Tratado internacional que en su artículo 12 demanda que las personas en situación de discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas para proporcionar apoyos a las personas en situación de discapacidad para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica.

Este marco internacional ha generado un proceso escalonado de homogenización de la norma en los diversos países iberoamericanos. En España se da inicio con la Ley 26/2011, llamada precisamente de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. La reforma continuó con una serie de modificaciones en el campo civil e, incluso, penal, hasta la más reciente Ley Orgánica 1/2017 y su proyecto de Ley 121/000027 de 2020, que garantiza el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Para el caso colombiano, se promulgó la Ley 1996 de 2019, orientada a reformar legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Similares acciones las realiza previamente Perú con su Decreto Legislativo Nº 1384/2018; y México en 2013.

Pero ¿qué es la interdicción? Es el procedimiento civil por el cual se determina que una persona no cuenta con las capacidades intelectuales o volitivas para autodeterminarse, para el ejercicio de su autonomía, para tomar sus propias decisiones; es decir, no se le respeta el derecho a equivocarse, a la independencia y libre desarrollo de su personalidad conforme a su voluntad, deseos y preferencias.

Esto le supone una muerte civil y política a los sujetos al despojarlos de sus derechos. Por ejemplo, una persona interdicta no puede administrar sus bienes, ni realizar un contrato laborar, ni abrir una cuenta bancaria, ni decidir si contrae o no nupcias o ser madre. Tampoco puede ejercer su derecho al voto y mucho menos ser elegido/a.

Esta muerte civil y política desencadena en una muerte social de las personas al atentar contra los principios fundamentales que rigen los derechos humanos como son: la dignidad, la autonomía, la primacía de la voluntad y preferencia de los sujetos, la no discriminación, la accesibilidad e igualdad de oportunidades.

Este despojo de la autonomía y autodeterminación de los sujetos los priva del goce de los derechos humanos, los extrae de la sociedad y los deja a manos de los cuidadadores de bienes; exponiéndolos, en algunos casos, a la soledad o a estar a la libre disposición de las personas o instituciones cuidadoras.

Pero ¿qué supone derribar la interdicción? En la próxima entrada ahondaremos sobre ello.


BIBLIOGRAFÍA

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los diputados, 2020. 121/000027 Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. España.

Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019, Ley 1996, Colombia.

Diario Oficial el Bicentenario, El PeruanoDecreto, 2018, Acto Legislativo Nº 1384, Perú.

martes, 20 de julio de 2021

RACIMOS DE DERECHOS EN ELINOR OSTROM

Imagen de la autora sueca
Hoy continuaremos con el uso de los bienes en común
propuesta por la corriente liderada por Elinor Ostrom, quien durante más de medio siglo, abanderó, junto con otros grupos de investigación, la propuesta de la gobernanza de “bienes comunes”,

Un recurso de uso común puede ser poseído y manejado como propiedad gubernamen­tal, privada, comunal, o no ser poseído por nadie. Schlager y Ostrom (1992) retoman los trabajos de Commons [1924, 1968), vinculados a la conceptualización de “racimos” de derechos. A través del meta-análisis de los estudios de caso identificaron cinco formas de derechos de propiedad que los usuarios de un recurso pueden acumular: 1. Acceso: el derecho a entrar en una propiedad específica; 2. Cosecha: el derecho de cosechar productos determinados de un recurso; 3. Manejo: el derecho de transformar el recurso y regular los patrones internos de uso; 4. Exclusión: el derecho a decidir quiénes tienen de­rechos de acceso, uso o manejo; y 5. Alienación: el derecho a alquilar o vender cualquiera de los anteriores derechos. Actualmente, el de derechos como racimos es un concepto ampliamente aceptado (Ostrom, 2014: 31).

Resultado de sus múltiples investigaciones, la autora identifica un conjunto de principios para alcanzar una buena gobernanza de los recursos de uso en común:

1. Establecer límites entre los usuarios legítimos y los no usuarios.

2. Delimitar los recursos de uso en común respecto a otros sistemas socioecológicos mayores.

3. Considerar las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión deben ser congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales.

4. Establecer arreglos de elección colectiva: propender por la participación de la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un recurso.

5. Instituir sistemas de monitoreo a todo nivel de forma participativa.

6. Establecer sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo bajas, pero se tornan más fuertes ante el incumplimiento repetitivo de la regla.

7. Instituir mecanismos de resolución de conflictos.

8. Propender por la institucionalización de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias reglas deben ser reconocidos por instancias superiores de gobierno.

9. Configurar empresas anidadas: en el evento de grandes recursos comunes, éstos deben ser organizados y gestionados en varios niveles, considerando la participación de las comunidades bases locales.

Los estudios mostraron que muchas predicciones de la teoría convencional de la acción colectiva no se sostienen. La cooperación es más elevada que la predicha; la comunicación, las charlas breves aumentan la cooperación a la vez que los sujetos establecen reglas sancionadoras para los no cooperadores. No obstante, los experimentos muestran también diversidad motivacional en relación con las decisiones sobre el nivel de cosecha y contribución y sobre la aplicación de las sanciones. Por ejemplo, un estudio en Colombia arrojó que los sujetos aumentaban sus niveles de extracción de recursos en relación con los resultados obtenidos cuando se permitía comunicación “cara a cara” y no se imponía ninguna sanción.

Para el caso de Nepal, los sistemas manejados por los campesinos presentaron mayor posibilidad de cultivar más arroz, distribuir agua de manera más equitativa y dar mayor mantenimiento a sus sistemas de irrigación que los sistemas gubernamen­tales. Manteniendo constantes las variables relevantes, encontraron que mientras el desempeño de los sistemas de irrigación de los campesinos era variable, pocos de ellos se desempeñaban tan mal como los sistemas del gobierno.

Otras de las grandes conclusiones de los estudios es la importancia de la construcción de relaciones de confianza. No se trata simplemente de que los individuos adopten normas, sino también de la estructura de la situación, que genera información sobre las conductas probables de los otros como personas confiables que actúan con base en reciprocidad, que pueden asumir los costos que les corresponden en la supe­ración de un dilema. En algunos contextos, es posible ir más allá del supuesto de los individuos impotentes para superar situaciones de dile­mas sociales (Ostrom, 2014:49).

En conclusión, considerar la participación de las comunidades en los procesos de uso de bienes comunes es una apuesta en positivo como mecanismo de gobernanza, especialmente cuando los estados no apuestan de manera decidida por una política de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de garantía de derechos a la ciudadanía. Desde las comunidades emergen formas de vida y de gestión alternativas a las propuestas del estado, distantes de la lógica neoliberal propia de la racionalidad dominante. La gobernanza comunitaria no es sinónimo de ineficacia, tal como lo demuestran los múltiples estudios de Ostrom.


BIBLIOGRAFÍA

Commons, John R. ([1924] 1968). Legal Foundations of Capitalism. Madi­son: University of Wisconsin Press.

Ostrom, Elinor, 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica (conferencia). Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 15-70.

Schlager, Edella, y Elinor Ostrom (1992). “Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis”. Land Economics 68 (3): 249-262.

martes, 13 de julio de 2021

LOS RECURSOS DE USO EN COMUN: GOBERNANZA POLICÉNTRICA

Elinor Ostrom fue la primera mujer en recibir el premio nobel de economía en 2009. Distante del dilema Mercado-Estado, Ostrom se centra en el análisis de los bienes comunes, para desde el marco de Análisis Institucional y Desarrollo (AID) ir en contravía de la teoría de juegos que argumenta que los individuos anónimos aislados sobreexplotan los recursos de uso en común. Apoyada en numerosos estudios de caso, realizados en diversas partes del mundo, cuestiona este supuesto y el de que los gobiernos resultan mejores custodios que los usuarios para administrar y proteger recursos importantes.

Construye un modelo complejo de comportamiento humano, para lo cual va más allá de la dicotomía establecida entre los bienes privados, vinculados a la propiedad o la capacidad para pagar por su uso; y los bienes públicos, los cuales no son excluibles -es imposible evitar que quienes no han pagado consuman el bien- y no ri­vales -todo aquello que el individuo “A” consume no limita el consumo de otros-. Esta división expresa la dicotomía entre mercado y estado, en donde la posibilidad de la gestión por parte de los usuarios de los recursos de uso en común no se plantea. Por ello, añade un nuevo tipo de bienes -los recursos de uso común- que comparten con los bienes privados los atributos de alta sus­tractabilidad y con los bienes públicos la dificultad de exclusión (Ostrom y Ostrom, 1977). Los bosques, los sistemas hidrológicos, las pesquerías y la atmósfera global son todos recursos de uso común de inmensa impor­tancia para la supervivencia del hombre y la conservación del planeta. Lo que Elionor Ostrom y su equipo proponen es que dichos bienes pueden ser gestionados desde lo local, desde lo comunitario, desde lo asociativo, pero sin desestimar la participación del estado.

En una entrada pasada expusimos cómo los campesinos del Catatumbo colombiano adelantaron en 2013 un paro por 53 días para luchar por la autogestión de su territorio, para ir en contravía de las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos, orientadas a abrir todo tipo de fronteras a las multinacionales extractivas distante de una gobernanza orientada a la conservación del medio ambiente. ¿Es posible plantear que las comunidades pueden gestionar bien y responsablemente los recursos? ¿Es posible sostener que la Minga –organización indígena- pueda gestionar eficientemente su territorio? ¿Es posible seguir conservando modelos de gestión comunitaria de los bosques como aún existe en algunos territorios españoles? Eso es lo que plantea Ostrom y su equipo.

En la década del sesenta Ostrom, Tiebout y Warren (1961) introducen el concepto de poli­centricidad con miras a comprender si las actividades de un grupo diverso, integrado por agencias públicas y privadas participantes en la provisión y producción de servicios públicos en áreas metropolitanas, re­sultaban caóticas, como sostenían otros académicos, o podían conformar un arreglo potencialmente productivo.
El término “policéntrico” denota múltiples centros de toma de decisión que actúan independientemente. Qué tan independiente es su comportamiento, o qué tanto constituyen en realidad sistemas de relaciones, es una pregunta empírica con respuestas específicas en cada caso. Mientras estas instancias tomen en cuenta a otras en relaciones competitivas, participen en iniciativas contractuales o cooperativas o bien recurran a mecanismos centralizados para resolver conflictos, las diversas jurisdicciones en un área metropolitana pueden operar de forma coherente con patrones predecibles de conducta interactiva. En tanto esto suceda puede decirse que funcionan como un “sis­tema” (Ostrom, Tiebout y Warren, 1961: 831-832, tomado de Ostrom, 2014: 19).
Desde el marco de IAD, apoyada en la teoría de juegos y de un vasto y minucioso trabajo de meta-análisis, proponen complejizar el modelo sujeto racional, cuyo entender es útil solo para el análisis de situaciones particulares (ver gráfico).



Después de analizar más de 500 casos de comunidades gestoras de agua, se detectó que el cumplimiento de las reglas era la variable clave que determinaba la disposición de agua a lo largo del tiempo. Sin embargo, en ningún caso encontraron que los usuarios utilizaran los tipos de castigo que sostienen muchos supuestos teóricos en torno a la resolución de dilemas repetidos.

El estudio clasificó las reglas en siete tipos:

    1.  Reglas de Límites: especifican cómo se seleccionan los actores para entrar o dejar las posiciones;

    2.  Reglas de Posición: indican el conjunto de posiciones y las formas en que los actores sostienen cada una de ellas;

    3.  Reglas de Elección: señalan qué acciones se asignan a un actor en una posición determinada;

    4.  Reglas de Información: determinan los canales de comunicación entre los actores y si la información debe, puede o no debe compartirse;

    5.  Reglas de Ámbito: determinan los resultados que pueden ser afectados;

    6.  Reglas de Conjunto (como las reglas de mayoría o unanimidad): especifican cómo las decisiones de los actores en un nodo pueden ligarse con los resultados intermedios o finales; y

    7.  Reglas de Compensación: indican cómo deben distribuirse los costos y los beneficios entre los actores qué ocupan diversas posiciones (Crawford y Ostrom, 2005, tomado de Ostrom, 2014: 32).

En la próxima entrada continuaremos con los recursos de propiedad común, adentrándonos en temas como los racimos de propiedad y las conclusiones finales a las que ha llegado esta corriente teórica.


BIBLIOGRAFÍA

Ostrom, Elionor, 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica (conferencia). Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 15-70.

martes, 6 de julio de 2021

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CLACSO SOBRE DERECHOS HUMANOS

Cartel de la convocatoria
Las crecientes movilizaciones sociales en
Latinoamérica, en países como Colombia, Brasil y Centroamérica, son el resultado de procesos de paz inconclusos, caracterizados por el incumplimiento de los acuerdos; de la pérdida de espacio de la izquierda y el triunfo de proyectos neoliberales que van de la mano con la presencia de instituciones corruptas en la zona; y de un proceso creciente de empobrecimiento y pérdida de derechos sociales de las clases populares.

Movilizaciones sociales que han sido respondidas de manera violenta por parte de los Estados, con el apoyo de las élites y de grupos civiles armados, centrando su acción en contra de las lideresas y líderes sociales. Son la expresión de una larga lucha historica vinculada con las disputas en torno a la vigencia, garantía y ampliación de los Derechos Humanos.

En este marco de luchas sociales CLACSO realiza una convocatoria para equipos de investigación interdisciplinarios centrada en «Los Derechos Humanos y la consolidación de la paz como dimensiones para el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe»; con miras a aportar ideas de manera crítica para afrontar los desafíos planteados desde propuestas superadoras.

Puede acceder a dicha convocatoria a través del siguiente enlace para su inscripción.

Cierre de inscripción: 23 de agosto de 2021 (23:59hs, Argentina)
Publicación de ganadores/as: Septiembre de 2021
Realización del proyecto: octubre 2021 a julio 2022
Presentación del informe final: 31 de julio de 2022

Los resultados serán publicados en el sitio web de CLACSO. Los/as ganadores/as serán contactados/as por correo electrónico.

Consultas: derechoshumanosypaz@clacso.edu.ar

martes, 29 de junio de 2021

SOBRE EL TRATADO DE LA OIT CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO

El pasado 25 de junio de 2021 entró en vigor el 
Tratado Internacional contra la Violencia y el Acoso, promovido por la OIT y ratificado hasta la fecha por un pequeño número de países: Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia y Uruguay.

Se trata de una declaración de intenciones que aporta pocas novedades a la legislación aplicada en muchos países. Tal vez tenga como finalidad homogeneizar este tipo de regulación en todos los países del mundo.



Consideramos aspectos novedosos los dos siguientes:

  • El artículo 10.b.v obliga a los estados firmantes a establecer medidas de apoyo legal, social, médico y administrativo a denunciantes y víctimas de acoso y violencia laboral, y

  • El artículo 10.h, que habilita a las inspecciones de trabajo y otras autoridades competentes para detener el trabajo en caso de una situación de inminente peligro para la vida, la salud o la seguridad de las personas.

Pero, por lo demás, nada nuevo bajo el sol. No aborda los problemas de conceptualización del acoso, las dificultades probatorias, la individualización y psicologización del problema que exime a las empresas de su responsabilidad, la revictimización o los débiles mecanismos de sanción y reparación, entre otros. Tal como revelamos (López y Seco, 2015) en nuestro estudio sobre la eficacia de la ley 1010/2016 de acoso laboral en Colombia.


BIBLIOGRAFÍA

López, C.M. y Seco, E. 2015, Eficacia de la Ley 1010/2006 de acoso laboral en Colombia, una interpretación desde la sociología. Revista de Derecho N.º 44, Barranquilla, Colombia.

martes, 22 de junio de 2021

CODIFICACIÓN ABIERTA Y CODIFICACIÓN SELECTIVA EN GLASER

ATLAS.ti contiene la codificación abierta y la codificación por lista

En una entrada anterior nos referíamos a la Teoría Fundamentada o Grounded Theory. Desarollada a finales de los sesenta, ha ido creciendo en su uso dentro de la investigación cualitativa, al tiempo que software’s CAQDAS como ATLAS.ti han ido ganando acogida.

La Teoría Fundamentada ha evolucionado en diferentes vertientes. Estrada-Acuña et al. explican muy bien cuáles han sido las semejanzas y las diferencias entre todas ellas. Una de las mismas fue la impulsada por Barney Glaser y vino a llamarse Teoría Fundamentada Glaseriana. En ella, se define el proceso de análisis como la creación de códigos sustantivos y códigos teóricos.

Nos ocuparemos de los primeros. Los códigos sustantivos se refieren a la determinación patrones reconocibles en los en el camino hacia la conceptualización y saturación de las categorías que emergen de un área de investigación (Glaser, 1978). Así, el proceso de generación de códigos sustantivos se divide en dos partes: la codificación abierta y la codificación selectiva.

La codificación abierta constituye la segmentación o fractura del texto en partes. Así, surgen las citas como un primer nivel de análisis textual. Éstas se asocian con categorías (o indicadores, en la terminología de Glaser). Y, finalmente, ese proceso de generación de categorías avanza hacia la construcción de una categoría central.

Paralelamente, la codificación selectiva utiliza una lista de categorías que surgen en torno a la categoría central obtenida a través de la codificación abierta, dándole un contexto de propiedades y dimensiones; y, finalmente, generando hipótesis y una nueva teoría.

El software ATLAS.ti se inspira bastante en este modo de ver el análisis cualitativo, si bien recoge también elementos de otras corrientes. Pero dos de las formas de codificación que contempla se apropian de estas ideas: la codificación abierta y la codificación por lista son expresiones de la metodología glaseriana.


BIBLIOGRAFÍA

Estrada-Acuña, R.A., Arzuaga, M.A., Giraldo, M.V. y Cruz, F. (2021) Diferencias en el análisis de datos desde distintas versiones de la Teoría Fundamentada. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 51 mayo-agosto, 2021, pp. 185-229. 
ISSN: 1139-5737, DOI/ empiria.51.2021.30812

Glaser, B. (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of grounded Theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.

lunes, 14 de junio de 2021

ESTRATIFICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EDUCACIÓN

La estratificación vertical en educación fue estudiada por autores como Boudon (1974). Hace referencia a distintas probabilidades de escalar en los niveles educativos entre los estudiantes de los diferentes orígenes sociales. Esto tiene que ver, en primer lugar, con desigualdades en la disponibilidad de recursos por parte de las familias, lo que afecta a un diferente rendimiento de los estudiantes (Bernardi y Cebolla, 2014; Goldthorpe, 2010). En segundo lugar, estas desigualdades afectan en el momento en que dichos estudiantes deben tomar decisiones orientadas a continuar su formación en un nivel educativo superior no obligatorio (Bernardi y Requena, 2010; Torrents, 2015).

Por el contrario, la estratificación horizontal hace referencia a las diferencias de origen social que inciden en experiencias educativas ventajosas de los estudiantes dentro de un mismo nivel educativo. Así, la institución en que se forman, la orientación profesional o el tipo de disciplina cursadas pueden seguir diferenciando a los estudiantes dentro, incluso, de un nivel educativo equivalente (Bo­zick y DeLuca, 2005; Torrents, 2017; Tri­venti, 2011).

El trabajo de Dani Torrents y Helena Troiano (2021) introduce la desigualdad en la percepción del riesgo que los estudiantes y sus familias tienen en la toma de decisiones educativas. A partir de los datos de la encuesta europea ISCY Project para la ciudad de Barcelona, realiza una aproximación que nos parece relevante, si bien sería posiblemente necesario un instrumento más amplio para profundizar en las conclusiones.

BIBLIOGRAFIA

Bernardi, F. y Cebolla, H. (2014). «Clase social de origen y rendimiento escolar como predictores de las trayectorias educativas» /«Social Class and School Performance as Predictors of Educational Paths in Spain». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 146: 3-22. doi: 10.5477/cis/reis.146.34

Bernardi, F. y Requena, M. (2010). «Inequality in Educational Transitions: The Case of Post-Compulsory Education in Spain». Revista de Educación, (n.º extraordinario): 93-118.
Boudon, R. (1974) Education, Opportunity, and Social Inequality: Changing Prospects in Western Society. New York: John Wiley & Sons.

Bozick, R. y DeLuca, S. (2005). «Better Late than Never? Delayed Enrollment in the High School to College Transition». Social Forces, 84: 527-550.

Goldthorpe, J. H. (2010). «Class Analysis and the Reorientation of Class Theory: the Case of Persisting Differentials in Educational Attainment». The British Journal of Sociology, 61(1): 311-335. doi: 10.1111/j.1468-4446.2009.01248.x

Torrents, Dani (2017). Estratègies d’accés a la universitat i origen social. L’adaptació de l’estudiant al seu perfil socioeconòmic i al context institucional com a font de diferenciació educativa. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/handle/10803/402358

Torrents, D. y Troiano, H. (2021) El riesgo estimado en las elecciones educativas y las diferencias según origen formativo familiar en la educación superior. En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 174: 147-168. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.174.147)

Triventi, M. (2011). «Stratification in Higher Education and Its Relationship with Social Inequality: A Comparative Study of 11 European Countries». European Sociological Review, 29(3): 489-502. doi: 10.1093/esr/jcr092

martes, 8 de junio de 2021

SEMINARIO CRÍTICO SOBRE RAZÓN DECOLONIAL

Seminario sobre pensamiento decolonial
El concepto razón decolonial va ligado a una crítica dirigida hacia el poder colonial y sus consecuencias posteriores en regiones como Latinoamérica.

La Red Para el Estudio de las Izquierdas en América Latina (REIAL) organiza un seminario crítico sobre esta corriente de pensamiento que en los últimos años ha ganado bastante auge y espacio discursivo en el continente.

Nos parece muy relevante la posibilidad de realizar una mirada crítica que vuelva más reales y más accesibles estas miradas. Del mismo modo, consideramos que cabe fijar sus límites e interrelaciones con otras formas de pensamiento.

El seminario, de carácter internacional, se inició el 2 de junio de este año y concluye el 3 de noviembre. Puede seguirse a través del siguiente enlace y este otro enlace permite descargar los artículos

lunes, 31 de mayo de 2021

EL PARO EN COLOMBIA: DIVERSO Y POPULAR

En 2013, las y los campesin@s de la zona del
Catatumbo -frontera con Venezuela- iniciaron un Paro que se prolongó durante 53 días. Una zona con una alta importancia geopolítica y potencial carbonífero, petrolífero, gasífero, agroindustrial, forestal y ganadero; con presencia de todos los actores armados (insurgencias, paramilitares y fuerzas militares).

Hombres y mujeres se organizaron para dar inicio a un proceso de resistencia popular cuyas demandas se articulaban en tres ejes (Jiménez y Fuello-Socarrás, 2019):

· Reconocimiento del campesinado como clase social y actor político en resistencia.
· Reconocimiento de la territorialidad campesina y garantías para su materialización.
· Desmilitarización del territorio y respeto de los derechos humanos.

El segundo punto se centraba en la declaración inmediata de dicho territorio como Zona de Reserva Campesina; la implementación de proyectos priorizados por el “Plan de desarrollo sostenible”; la realización de un programa de sustitución gradual y concertado de cultivos de coca; la solución a la crisis alimentaria; y la suspensión de las políticas y los planes minero-energéticos dentro de la subregión.

El objetivo fundamental del Paro era la desmilitarización de la vida, el reconocimiento de proyectos comunitarios para la organización de la tierra y el territorio, es decir, formas de vida y gestión alternativas a las propuestas desde el Estado.

Por medio de diferentes prácticas de movilización social (el bloqueo a las vías, las declaraciones públicas y las asambleas populares), el paro se constituyó en una expresión popular, un espacio de fortalecimiento de resistencias, de abrir posibilidades de acción propia y de crear condiciones favorables para la interlocución con el gobierno.

Los campesinos y campesinas fueron reconocidos como actores políticos y su lucha fue visibilizada y legitimada por buena parte de la sociedad colombiana. Pero, rápidamente, se establecieron dispositivos mediáticos, orquestados desde el gobierno y las élites económicas para deslegitimar el Paro, sin que se escatimara la respuesta violenta por parte del Estado y grupo paramilitares.

Hoy muchos de los acuerdos han sido incumplidos; y al igual que este territorio, los indígenas a través de la Minga se organizan y resisten ya no sólo para hablar sino para demandar la ejecución de acuerdos incumplidos; lo hacen también las comunidades organizadas afrodescendientes; los actores firmantes de paz; las mujeres, los gais, las lesbianas y la comunidad trans; y las organizaciones sindicales. Todos resisten en su diversidad popular, étnica, etaria, de género y territorial, como actores políticos que cuentan con propuestas alternativas de sociedad, de vínculo con el Estado, de defensa de modos de vida digna, de proyectos en “en-común”, distantes de la lógica neoliberal, propia de la racionalidad dominante.

Pero también resisten las amas de casa, las y los abuelas y abuelos, las y los trabajadoras y trabajadores, las y los desempleadas y en especial los y las jóvenes, que luchan por un tener un espacio en la sociedad, por constituirse en actores políticos. Aún no es claro este proceso, pero avanza de manera irreductible, porque más desigualdad, exclusión y violencia no son soportables. Hay un proceso creciente de deslegitimación de las élites económicas y de los partidos políticos. Las luchas y resistencias populares campesinas, indígenas y territoriales avanzan en las ciudades, el “Sí se puede” inunda las calles de las urbes con la esperanza de construir una sociedad desde lo popular para lo popular, con base en el reconocimiento de las formas de organización comunitarias “del” y “en el” territorio.

Es una lucha con actores diversos, con intereses diversos, pero que confluyen en proyectos transversales comunes: educación, trabajo, salud, pensiones, vivienda, por ejemplo.

Pero como en el pasado se pretende deslegitimar estos procesos de resistencia, al asociar el Paro de forma suspicaz con el proyecto Castro-Chavista; y al centrar el poder mediático la atención en los focos de violencia, ejercida por grupos minoritarios que van desde la delincuencia común, grupos paramilitares y escuadrones móviles antidisturbios enviados por el Estado, que no han dudado en ejercer, como históricamente han hecho, la violencia, lo que ha supuesto más de cuarenta muertos, miles de heridos y desaparecidos.

Como en el Paro campesino (Jiménez y Fuello-Socarrás, 2019), la materialización de las aspiraciones, se encuentran sujetas a 1) la voluntad política efectiva desde las clases dominantes para cumplir lo pactado en los Acuerdos a los que llegue; 2) la fuerza popular de los movimientos sociales para presionar para que se lleven a cabo acuerdos y estos se hagan realidad; además, agregaríamos 3) la capacidad de deconstruir el discurso del poder mediático, con vista a construir nuevas miradas, sensibilidades, deseos y formas alternativas de sociedad diversa.

Hoy en Colombia la paz pasa por una perspectiva de la misma de carácter popular.

BIBLIOGRAFÍA

Jiménez, Andrea y Fuello-Socarrás, José, 2019. La lucha campesina del Catatumbo y la construcción de una paz popular. En: Catatumbo resiste cincuenta y tres días de paro. Universidad Nacional de Colombia.

lunes, 24 de mayo de 2021

TEXTOS AUTOMATIZADOS DE ANÁLISIS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ETHOS BUROCRÁTICO

En uno de los proyectos con los que colaboramos hemos vivido recientemente una nueva tendencia en torno a la inteligencia artificial (IA). Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de desarrollar un sistema que genera textos de análisis de manera automatizada. Es decir, nos pidieron que hiciéramos una aplicación que, a partir de un formulario de entrada donde los usuarios eligen períodos de tiempo y algunas otras variables, se generara un informe con tabulaciones y gráficos acompañados de texto de análisis generado automáticamente a partir de dichos datos.

Técnicamente se puede hacer con SAS y lo hicimos. Pero nos preguntamos si en todos los casos merece realmente la pena que se autogenere este texto de análisis. ¿No es mejor ir desarrollando y mejorando el marco teórico y las hipótesis de trabajo? Dado que el cliente pertenece al sector público nos hemos acordado de las ideas de Wright Mills sobre el ethos burocrático y nos han recordado a estos dilemas en torno a la IA.

Que un sistema informático pueda generar de manera automatizada tablas y gráficos redunda en un aumento de la productividad y la seguridad estadística del trabajo con datos. Pero llevar la IA a la escritura de textos de análisis es una decisión que merece la pena ser puesta en cuestión.

lunes, 17 de mayo de 2021

DILEMAS EN TORNO AL CIBERACOSO

Comunicación digital y ciberacoso
Andrés Marín-Cortés y Joaquín Linne (2021) realizan un estudio cualitativo sobre ciberacoso en población joven de Medellín (Colombia). Realizaron 25 entrevistas abiertas y semiestructuradas a víctimas y agresores. Entrevistar a los agresores tiene un carácter bastante novedoso en la literatura sobre la problemática y aporta nuevos puntos de vista.

Uno de los resultados de la investigación es la elaboración de una tipología que diferencia seis tipos diferentes: sonsacamiento de datos, difamación online, suplantación de identidad digital, ciberhostigamiento, sextorsión y pornovenganza.

Se pone sobre la mesa la ineficacia de dos instituciones importantes a la hora de ayudar a las víctimas: la familia y la policía. Ambas tienden a culpabilizar a la víctima más que ayudarla y la segunda, en ocasiones, muestra falta de interés por enfrentar este tipo de delitos. Todo ello es una muestra de la escasa problematización que el ciberacoso tiene a nivel social.

Otro concepto importante es la sensación de impunidad del ciberacoso expresada por los agresores, que ven en el carácter oculto de internet y las redes sociales el lugar elegido para cometer agresiones. Acabar con esa sensación de impunidad debe ser una obligación de autoridades y familias, pero también la necesidad de obligar a las plataformas a desplegar políticas de prevención y denuncia de estas formas de violencia.

Los autores señalan la necesidad de una educación sexual digital en las escuelas. Efectivamente, pero consideramos que también debe plantearse toda una estrategia educativa en torno a la comunicación digital en sentido amplio. Que reflexione acerca del tipo de vínculos que se construyen en estos canales, muchos de ellos diseñados alrededor de la competencia entre individuos.


BIBLIOGRAFÍA

Martín-Cortés, A. y Linne, J. (2021) Una tipología del ciberacoso en jóvenes. En: Revista Mexicana
de Sociología 83, núm. 2 (abril-junio, 2021): 331-356.

lunes, 10 de mayo de 2021

SESGOS IDELÓGICOS DE LA EDUCACIÓN POSITIVA

Educación positiva
Dando continuidad a la reflexión de la entrada anterior, Cabanas y González-Lamas (2021) señalan los sesgos ideológicos que presenta la educación positiva (Edpos), propuesta que en las dos últimas décadas se ha posicionado en el campo educativo como objetivo orientador del mismo.

Los sesgos se centran en la visión individualista, universalista y descontextualizada del movimiento. La EdPos plantea que los factores psicológicos son determinantes para la comprensión y solución de los problemas de la educación, desestimando los factores contextuales como los sociales, relacionales, económicos y de gobernanza, entre otros. Para lo cual presenta una amplia lista de pedagogías terapéuticas de orden psicológico, aptitudinal y actitudinal.

El Movimiento de la Autoestima, impulsado en las décadas de 1980 y 1990, ilustra el auge de esta corriente que centra los problemas educativos en los sujetos, en la manera en cómo ellos gestionan sus emociones; de ahí que la salida a dichos problemas es individual, para lo cual hay que generar prácticas terapéuticas orientadas a fortalecer la autoestima, la confianza, las cogniciones y emociones positivas, dándolas por buenas, independientemente del colectivo estudiantil al cual se aplique, es decir, de su marco situacional y relacional.

Cabanas y González-Lamas (2021) develan tres problemas de la EdPos:
  • Soluciones universales e individuales orientadas a resolver una multiplicidad de problemas, en contextos diversos.
  • Desestiman los pensamientos y las emociones “negativas”.
  • Fomentan de manera repetitiva el espíritu positivo, el optimismo y la resiliencia.
En este orden de ideas, primero, no existen soluciones universales para problemas diversos de los estudiantes más aún cuando hay una variedad de condiciones y oportunidades de las cuales habría que partir para dar respuesta a problemas como el de rendimiento académico, la integración social, el racismo, la xenofobía, la homofobia o el acoso escolar, por ejemplo. Segundo, enseñar a negar la realidad, es decir los problemas, es simplificar el mundo social en que se desenvuelven y puede ser contraproducente para la salud, la adaptación y el aprendizaje de los estudiantes (Cabanas e Illouz, 2019). Tercero, al responsabilizar a los sujetos de su situación y pretender que todo se puede resolver en gran medida con actitudes y pensamientos positivos, con la búsqueda de un crecimiento incesante personal, se puede elevar la frustración y reducir el bienestar entre los alumnos, lo cual va en contra de los mismos objetivos que las intervenciones en EdPos pretenden lograr.

Pero lo más lamentable es que atenta contra uno de los principios fundamentales en que se constituyó la educación: la solidaridad. La asunción de los problemas como algo individual desestima la acción colectiva.


BIBLIOGRAFÍA

Cabanas Díaz, E. y González-Lamas, J. (2021). Felicidad y educación: déficits científicos y sesgos ideológicos de la «educación positiva». Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 33(2), 65-85. https://doi.org/10.14201/teri.25433

Cabanas, E., e Illouz, E. (2019). Happycracia. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controla nuestras vidas. Paidós.

lunes, 3 de mayo de 2021

LA FELICIDAD COMO RECURSO TERAPEUTICO EN LA EDUCACIÓN

Un programa de felicidad en educación
La educación no se ha escapado de la arremetida dada por la psicología positiva, que día a día tiene expresión a través de todo tipo de medios (virtuales, televisivos, periodísticos, etc.) para hacernos un llamado permanente a fomentar las habilidades positivas como el optimismo, la esperanza, la resiliencia, la inteligencia emocional, o el pensamiento positivo como actitudes frente al mundo para conquistar, desde lo individual, un espacio en la sociedad. Un relato que centra los problemas fundamentalmente en los sujetos, desestimando los factores externos, contextuales y relacionales.

Cabanas, E. y González-Lamas, J. (2021) reflexionan sobre el papel que ha tenido en las dos últimas décadas esta corriente expresada como “educación positiva”. Entendida como medio terapéutico para prevenir problemas de salud física y mental; facilitar y mejorar el aprendizaje, además de elevar el rendimiento y garantizar el éxito académico (Seligman, et al., 2009). Como ellos señalan, este giro hacia la felicidad como objetivo primordial de la educación, como bien deseable en sí mismo, presenta problemas de orden conceptual y metodológico, además de sesgos ideológicos.

Los autores muestran cómo, incluso, algunos de sus promotores expresan la ausencia de un marco teórico sólido y la falta de evidencia empírica acumulada, para que esta propuesta aúne teoría psicológica, intervención educativa y práctica pedagógica (White & Kern, 2018).

Por ejemplo, los estudios en mindfulness presentan resultados modestos pero positivos en la mejora de episodios de ansiedad y estrés en el ámbito escolar, mientras los efectos sobre el rendimiento escolar son de moderados a nulos (Waters y Loton, 2019). Igualmente, los vinculados con growth mindset no son significativos en términos educativos (Dweck & Yeager, 2019). Además, buena parte de los estudios no cumplen con criterios de calidad y son poco representativos.

En esta misma línea cuestionan la inteligencia emocional, concepto ambiguo, con múltiples definiciones, con instrumentos de medida y técnicas de evaluación diversas, que dificultan los estudios comparativos. Y, por último, llaman la atención sobre las nociones de autoconcepto positivo (e.g., autoestima, autoeficacia, autoevaluación positiva sobre las propias capacidades) las cuales pueden tener efectos contraproducentes en estudiantes con bajo rendimiento; cuyos fracasos son atribuidos a ellos mismos, a sus problemas personales, ahondando en los sentimientos de culpa y frustración, al desestimar los factores externos y contextuales.

No obstante estos problemas teóricos y metodológicos (control experimental, generalizabilidad, replicabilidad), esta corriente continua ganando espacio en los ámbitos educativos, en organizaciones no gubernamentales y en empresas de asesoría educativa.

Este vuelco a la felicidad como relato cultural y ahora centrado en la educación se orienta a incluir en los currículos educativos a nivel global la enseñanza de habilidades positivas y hacer de ellas el objetivo de la educación. Pero cabría cuestionar, como lo hacen los autores, si los fines promovidos por una educación volcada en la felicidad, centrada en la eficiencia, en la eficacia, es decir, en los resultados, se corresponde con los objetivos de la educación. Estos requieren una reflexión pedagógica, desde los fundamentos de la educación y no desde la psicología positiva.

Sobre los sesgos ideológicos en que se apoyan estás propuestas de pensamiento positivo, de crecimiento personal hablaremos en la próxima entrada.


BIBLIOGRAFÍA

Cabanas Díaz, E. y González-Lamas, J. (2021). Felicidad y educación: déficits científicos y sesgos ideológicos de la «educación positiva». Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 33(2), 65-85. https://doi.org/10.14201/teri.25433

Dweck, C. S., & Yeager, D. S. (2019). Mindsets: A View From Two Eras. Perspectives on Psychological Science, 14(3), 481-496. https://doi.org/10.1177/1745691618804166

Seligman, M. E. P., & Adler, A. (2018). Positive Education. In Global Happiness Policy Report (pp. 52-73). Global Happiness Council, GHC. https://s3.amazonaws.com/ghc-2018/ GlobalHappinessPolicyReport2018.pdf

White, M. A., & Kern, M. L. (2018). Positive education: Learning and teaching for wellbeing and academic mastery. International Journal of Wellbeing, 8(1), 1-17. https://doi.org/10.5502/ijw.v8i1.588