domingo, 23 de febrero de 2020

FINANCIARIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y FONDOS BUITRE

Imagen de la portada del libro
Portada del libro de Gabarre
El concepto de financiarización proviene del campo económico. Manuel Gabarre (2019), en su libro “Tocar el fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler” desarrolla este concepto y muestra cómo los campos económico, político y del derecho se funden en intereses comunes para desgarrar la vida social a través de los desahucios. Sin que los responsables de esta violación al derecho a la vivienda sean visibilizados, al ser protegidos por el estado, a través de políticos con intereses muy cercanos al capital financiero global. 



Según Gabarre, el poder financiero se ha hecho con el control de buena parte del mercado de la vivienda español a través de la estrategia de financiarización. Entendida como la utilización de los métodos del mercado financiero al sector inmobiliario. Métodos basados en el endeudamiento, el uso de paraísos fiscales y las apuestas en los mercados. De tal manera que los fondos de inversión tienen cada vez mayor presencia en el mercado de la vivienda, desestimando el papel directo de las entidades reguladoras del estado. 

Sin pretender abarcar de manera total la problemática de la vivienda, dada su complejidad, solo queremos señalar algunas ideas presentadas por el autor e invitar a leer el libro para comprender el entramado económico y político que ha regulado la cuestión residencial en España. 

El estado español, con la presión de la Unión Europea, propició la creación de instituciones como Sareb para salvar el sector inmobiliario y bancario de la crisis resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria. Esto supuso, por un lado, un endeudamiento a futuro del erario público que pagan y seguirán pagando los ciudadanos españoles; y por otro lado, la entrada de capital financiero global, a través de fondos de inversión conocidos como fondos buitre que en la actualidad concentran amplio poder sobre la vivienda residencial. 

El fondo buitre es cualquier fondo creado por la banca de inversión pero dedicado a realizar compras de bienes cuyos precios son ínfimos. El fondo realiza la compra, considerada inversión, a la espera de revalorizar dicha compra. Para lo cual cuenta con capital suficiente, capacidad de riesgo y de espera, además de poder necesario para especular en el mercado de la vivienda. 

Ante la caída de la demanda –consumo y gasto del gobierno- la estrategia del sector financiero fue invertir en bienes básicos como la educación, la salud o la vivienda. Lo hizo a través de un entramado de fondos de inversión cuyos capitales provenían de paraísos fiscales, con capital suficiente para comprar a precios muy bajos. Es así como buena parte del parque de vivienda residencial que llegó a ser público, pasó a manos del capital financiero global, especialmente de origen estadounidense. 

Para que ello fuera posible, el campo del derecho estuvo atento a derogar regulaciones que protegían al inquilino. Redujo de cinco a tres años el plazo obligatorio de alquiler. Igualmente, restringió el derecho de tanteo, entendido éste como la posibilidad del inquilino de adquirir la vivienda que ha habitado si iguala la oferta hecha por el comprador. Este derecho se desvanece cuando la vivienda hace parte de la venta de un edificio. 

A su vez, el campo económico eximió fiscalmente a los fondos de inversión, al evitar pago de impuestos por el alquiler y por la venta de sus propiedades inmobiliarias. Además, las sociedades dedicadas al negocio inmobiliario en la forma de Socimi fueron exentas de pagar el impuesto de sociedades. 

Por último, el estado facilitó la opacidad del proceso de rescate mediante una política de no transparencia al no publicar las transacciones realizadas a través de Sareb, empresa creada para rescatar a los sectores bancario e inmobiliario a través del endeudamiento del erario público. 

Todos los anteriores elementos contribuyeron a que España –como señala Gabarre- perdiera la oportunidad histórica de ampliar el parque público de vivienda y hacer frente con ello a la especulación llevada a cabo por el sector financiero. Con la subida vertiginosa de los precios del alquiler, hoy más que nunca se requiere una regulación publica para hacerla asequible a los sectores de rentas bajas y medias. 

Si bien el sector financiero ha logrado usurpar las instituciones, la política es la única forma de hacer de la vivienda un derecho, por ello urge la lucha por la regulación del precio del alquiler y por la ampliación del parque público de vivienda para poner freno a los especuladores inmobiliarios. Como dice Foucault: donde hay poder hay resistencia. 


BIBLIOGRAFÍA

Foucault, M. Foucault, M. (1988) El sujeto y el poder. En:  Revista Mexicana de Sociología , Vol. 50, No. 3, pp. 3-20. 

Gabarre, M. (2019) Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler. Observatorio CODE, Ed. Traficantes de Sueños, Madrid.

lunes, 17 de febrero de 2020

VIVIENDA SOCIAL EN ESPAÑA: ALQUILER Y PROTECCIÓN OFICIAL

Fuente: Trilla y Bosch, 2018: 18. 

La vivienda pública no ha sido un problema muy estudiado por los sociólogos, pero hoy éste requiere una aproximación interdisciplinaria que incorpore también la mirada de economistas, arquitectos y abogados. Trilla y Bosch definen la vivienda social como aquella que 1) (i) es asequible, (ii) de alquiler, (iii) de titularidad pública o de entidades sin ánimo de lucro fuertemente reguladas, (iv) fruto de procesos impulsados directa o indirectamente por el sector público y (v) cuya provisión no se realiza dentro de los mecanismos del mercado (2018:13). En estos términos, en su estudio, los autores se refieren a la vivienda de alquiler social. 

España cuenta con los más bajos índices de Europa de vivienda de alquiler social, considerando el peso de este tipo de vivienda respecto el total de viviendas principales y el porcentaje del PIB que representa el gasto público del sistema de ayudas directas al pago de los costes residenciales. El gráfico 1 muestra cómo la vivienda de alquiler social ha sido residual, representa el 1,5% del total del parque de viviendas principales. Mientras en países como Holanda y Austria la participación ha sido del 30% y 24%, respectivamente. 

Según los autores esto es explicado, además de por la falta de voluntad política, porque históricamente la estrategia en torno a la vivienda se ha dirigido a fortalecer la propiedad privada mediante la vivienda protegida. Además, el campo jurídico se ha centrado alrededor de la vivienda protegida, sin enfatizar en la vivienda de alquiler social. De esta manera, se desestima la función social del inmueble a lo largo de la vida del mismo, lo que se ha traducido en un parque de vivienda pública residual que dificulta la atención de los sujetos en situación de mayor precariedad (carentes de un vínculo laboral estable, ahorros y/ o respaldo económico con cierta solidez). 

La vivienda protegida puede ser pública o privada. En sentido amplio, la vivienda de protección oficial es un caso particular de vivienda social y es definida como aquella en la cual: 

1) Los propietarios o inquilinos, cumplen unos determinados requisitos (por ejemplo, no superar un umbral de ingresos máximo, no poseer vivienda en propiedad o un derecho real de goce o disfrute vitalicio, y, cada vez en más Comunidades Autónomas, estar inscrito en el correspondiente registro de solicitantes de VPO), deben habitar la vivienda como domicilio habitual y permanente. 

2) La construcción es adelantada directamente por el sector público o recibe su apoyo (como ayudas económicas a los promotores privados, con la venta de terrenos de titularidad pública a precios inferiores a los del mercado para hacer viable su promoción, o con el establecimiento de reservas de suelo en el planeamiento urbano con este fin). 

3) La vivienda cumple con unos requisitos físicos de calidad, diseño, habitabilidad determinados por la normativa). 

4) La vivienda está sometida a un régimen jurídico específico durante un periodo de tiempo determinado, fundamentalmente en cuestión de precio máximo (fijado legalmente y, excepto situaciones anómalas, inferior al de mercado), transmisión del uso y la titularidad. 

El predominio de la vivienda protegida tiene como consecuencia indirecta la no preservación de la función social del mercado de vivienda, más aún cuando se permite –con mayor o menor rapidez- su descalificación y por tanto su incorporación al mercado libre a precios de mercado; lo cual deja al sector público sin recursos residenciales para atender las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, cumplidos unos años la vivienda protegida pasa a ser propiedad privada de los usuarios o de sus herederos, quedando el Estado sin recursos –tierra/viviendas- para seguir de manera ilimitada una política de vivienda social. De ahí la importancia de una estrategia de fortalecimiento del uso de la vivienda a través del alquiler en desmedro de una estrategia orientada a fortalecer la propiedad sobre un bien ilimitado. 

La situación se torna más preocupante, si nos atenemos a la conclusión de los autores: “A la vista de la evolución reciente del sistema de vivienda español, existen sospechas razonables de que tras la desaparición de la vivienda protegida se proceda al paulatino desmantelamiento del conjunto de instrumentos que facilitan su producción” (2018: 58). La tendencia es a instaurase con mayor fuerza un régimen de carácter liberal sobre la vivienda. 

La mayor liberalización del mercado de la vivienda augura mayor precarización y pobreza debido a la creciente demanda de vivienda, la cual en los próximos 30 años requeriría de un parque de alquiler de 2,65 millones de nuevas unidades (2018: 59). 


BIBLIOGRAFÍA

Trilla Bellart, Carmen y Bosch Meda, Jordi, 2018, El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo Documento de trabajo 197/2018. FundiPAX y Fundación Alternativas.

domingo, 9 de febrero de 2020

El PROCESO DE DESVIACIÓN EN DAVID MATZA


En esta entrada queremos reflexionar de la mano David Matza sobre el problema de la desviación, centrándonos en sus primeros capítulos de su libro “El proceso de desviación”, escrito en 1969.


Presenta una aguda crítica a la Escuela de Chicago, sin llegar a desconocer los aportes y cambios planteados a través del tiempo por los diversos investigadores de dicho grupo.

Inicialmente Matza expone una definición nominal sobre la desviación, y señala: “desviarse es salirse fuera, por ejemplo, de un camino o de una pauta” (1981:21). 

La desviación social es un asunto de grado, es una designación que en algunos contextos sociales es dudosa, pues en una sociedad pluralista la desviación de uno puede ser la costumbre de otro. Incluso, aunque en el campo jurídico se legalice o institucionalice un fenómeno considerado desviado, en el campo social esta ambigüedad puede permanecer, de ahí la importancia de estudiar los desacuerdos sociales, los cuales tienen múltiples consecuencias. Sin embargo, esta ambigüedad no supone el rechazo global de la idea de una moralidad común y de la existencia, de hecho, de fenómenos sentidos comúnmente como desviados.

Según el autor, una mirada desde el campo sociológico de la desviación implica: 

  • Abandonar una mirada correccional del fenómeno.
  • Asumir una posición desde la apreciación y simpatía hacia el sujeto.
  • Renunciar a una concepción patológica del fenómeno y abordarlo desde la diversidad humana.

Para la perspectiva correccional la tarea es indagar sobre la raíz de las cosas, con miras a eliminar las causas junto con los efectos.

La perspectiva correccional impide de manera sistemática empatizar, simpatizar y comprender al sujeto investigado. Por un lado, comprender e interpretar las pautas sociales y los matices del comportamiento humano que siguen dichas pautas. Son posiciones -cognitiva y afectiva- esenciales para salvar la enorme distancia existente entre el que analiza y el analizado.

La apreciación puede suponer una posición que entrañe compromiso –con los problemas y con las personas que intervienen - para dar cuenta de ellos con fidelidad y sin violar su integridad. El esfuerzo del investigador “comprender e iluminar el punto de vista del sujeto e interpretar el mundo tal y como se le aparece a éste” (1981:37).

Por otro lado, la idea de diversidad es opuesta a la de patología. Para Matza “la diversidad es una variación o un cambio viables” (81:58). Llama la atención en el sentido de no repudiar el concepto de patología e irse al lado opuesto de romantizar los fenómenos desviados.

Hoy por hoy, Matza es un clásico de la desviación social, cuyo libro nos permite adentrarnos en la riqueza descriptiva de la diversidad de mundos desviados, sin que ello suponga el abandono de la teoría. Se apoya en estudios sobre la desviación presentados desde las corrientes funcionalista y la Escuela de Chicago, para dialogar y exponer críticas profundas y sutiles.

En una próxima entrada continuaremos profundizando en las teorías de este autor, abordando temas como “Las técnicas de la neutralización”.


BIBLIOGRAFÍA

Matza, David, 1981, El proceso de desviación. Taurus, Madrid.

domingo, 2 de febrero de 2020

TRES ENFOQUES SOBRE DIGITALIZACIÓN Y EMPLEO


Arturo Lahera (2019) diferencia tres enfoques las teorías acerca de la relación entre proceso de digitalización y empleo. 

El primer enfoque es el que llama digiltalización por sustitución de ocupaciones, que se caracteriza por la idea de que la máquina ganará la batalla al trabajo humano. Se basa en la idea de que la automatización, la industria 4.0 y los algoritmos destruirán millones de empleos en todo el mundo. Este enfoque, dominante en medios periodísticos, es cada vez más cuestionado en la literatura sobre el tema. 

El segundo enfoque, llamado de digitalización de tareas, se aparta de la idea de destrucción de empleo en territorios o, incluso, en sectores económicos. Se centra en tareas y ocupaciones y reconoce que la digitalización puede llegar a crear más empleos de los que destruya. 

El tercer enfoque es el de la digitalización de integración. Se aparta de la idea de inevitabilidad de los cambios, que predomina en los dos primeros. Planteando que es necesario que el proceso sea negociado con participación de las administraciones públicas, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Con vistas a proteger a los segmentos del mercado de trabajo que ocupan las tareas más automatizables y garantizar su formación y reciclaje, centrándose en el uso de las tecnologías y valorando el conocimiento basado en la experiencia como impulso de la digitalización. 


BIBLIOGRAFÍA

Lahera, A. (2019) Digitalización, robotización, trabajo y vida: cartografías, debates y prácticas. En: Cuad. relac. labor. 37(1) 2019: 249-273.