lunes, 1 de marzo de 2021

EL LENTO PROCESO DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En esta oportunidad nos centramos en la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito laboral en la Administración civil del Estado de España (Anlló, et. al., 2019). A pesar de las dificultades de aplicabilidad de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hom­bres, ésta representa un marco de oportunidad legal para adelantar políticas orientadas a mejorar la empleabilidad, la permanencia en el empleo de las mujeres, a la vez que potenciar su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.

En los dispositivos de estrategias y gestión se enfatiza, entre otros, la necesaria presencia y composición equilibrada de mujeres y hombres en órganos y cargos de responsabilidad de forma tal que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Destaca, además, la igualdad de trato en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales en todos los ámbitos de la administra­ción pública.

Porcentaje de mujeres en la administración pública española
En el apartado laboral, López realiza un comparativo entre 2008 y 2018, para analizar la eficacia de la Ley (ver gráfico).

A nivel de la administración civil del Estado, la par­ticipación de las mujeres ha cambiado muy levemente al pasar de 30,6% a 31,7% en dicho período. Es decir, para 2018 no representaba ni la tercera parte del empleo.

El siguiente gráfico muestra cómo los hombres han concentrado tradicionalmente el poder, llegando a ocupar casi el 70% de los altos cargos en los prime­ros años del presente siglo. Mientras la participación de la mujer es irregular, fluctúa entre el 31% y el 41% en 2018. Esto parece indicar que el acceso al poder institucional por parte de la mujer no es aún una política de Estado totalmente consolidada, sino que depende en buena medida de los vaivenes políticos, debido a que dichos cargos son de libre designación.

Porcentaje de mujeres según tipos de personal


A pesar del descenso del empleo público, las mujeres proporcionalmente han mantenido e, incluso, incrementado su participación en calidad de funcionarias. Sin embargo, no superan el 30%. Su acceso a las categorías más altas ha sido lenta, al pasar del 27,4% al 29,6% entre 2008 y 2018. Es de destacar que el grupo de funcionarios/as representa un poco más del 80% del personal de la Administración civil del Estado.

En contraste, bajo las demás modalidades de vinculación, las mujeres suelen ser mayoría como personal estatutario y eventual, y estar casi a la par con los hombres bajo el estatus de personal laboral. Es decir, ellas están más expuestas a tener una vinculación temporal y a estar en la base de la pirámide de distribución salarial.


Evolución de la formación terciaria en España

En conclusión, la Ley de Igualdad es un marco de oportunidad legal para lograr equidad efectiva entre hombres y mujeres en España, pero su aplicabilidad en la administración civil del Estado ha sido muy lenta. La brecha salarial, así como el techo de cristal y el suelo pegajoso perduran.


BIBLIOGRAFÍA

Anllo, F., Fernández, J., Martínez, E.. López, C.M., Peña, E. 2020, Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte, España.

 


martes, 23 de febrero de 2021

BRECHAS DE GÉNERO EN EL MUNDO DE LA CULTURA


Fátima Anlló et at (2020) visibilizan nuevos campos de investigación sobre desigualdad entre hombres y mujeres. Realizan un estudio sobre la aplicabilidad de la Ley de Igualdad de 2007 en España en el campo de la cultura, centrando el interés en su aplicabilidad en el Ministerio de Cultura y Deporte.

Ley que emerge en pos de alcanzar la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres, ante la resistencia al cambio a nivel institucional y social, a pesar de las movilizaciones y acciones sociales de “concienciación.”

La Ley se basa en dos principios que sustentan la intervención. El principio de presencia o composición equilibrada, que trata de garantizar una representación significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad. Y el principio de acciones positivas orientado a eliminar barreras que separan a las mujeres de la igualdad efectiva.

Si bien hay avances, el estudio señala que estos siguen siendo lentos y alerta la necesidad de adelantar políticas más agresivas para reducir las brechas no sólo salariales, sino de acceso al poder ejecutivo, al poder de participación y al poder cultural o de legitimación. Señalaremos brevemente algunas de las conclusiones del estudio:

Primero, según la encuesta de Word Ecomomic Forum, en 2018, para el caso español, el acceso al poder político sigue siendo la principal brecha de género (77,1%); seguido del déficit de participación económica (41,9%), mientras esta se reduce significativamente en el acceso a la educación (4,4%) y a la salud (4,6%). Como se observa en el siguiente gráfico:

Indicadores de brecha de género

Derechos de propiedad en España, brecha de genéro
Segundo, como puede comprobarse en la tabla 
(2020:15), a las mujeres el acceso a un mayor capital cultural no les ha supuesto de manera significativa mayor poder en el campo laboral de la cultura. Muchas de ellas, formadas en este campo, no registraron sus obras, contenidos o servicios. Ellas acceden cada vez más a la universidad, adquieren mayores acreditaciones académicas que los hombres; pero cuando se enfrentan al mercado laboral no logran acceder al mismo, ni registrar y visibilizar sus productos ni alcanzar niveles de poder similares a los de los hombres. Si en el campo académico del ámbito de la cultura ellas llegan a representar el 60%, en el mundo laboral su participación no supera el 40%. “La capacidad de producir contenidos susceptibles de ser distribuidos en el mercado y de producir recursos económicos para sus titulares [ver tabla], separa a las mujeres 26 puntos con respecto a los hombres” (Anlló et al, 2020:16); lo cual supone un despilfarro de talento y creatividad.

Como señala Anlló, remontando a Bourdieu, el campo cultural está dominado por los hombres; son ellos quienes determinan los valores y cánones de calidad artística, a la vez que instruyen a la población para que los interiorice y garantizar así su posición hegemónica.

Además, es de destacar la amplia brecha en las creaciones de las mujeres respecto a las de los hombres, relacionada con la técnica y las TIC´s; situación preocupante dada la tendencia de su posicionamiento en la producción cultural, lo que puede ahondar en un futuro la desigualdad.

Tercero, a pesar de las mejoras en cuanto al acceso al poder ejecutivo, las mujeres no representan más de una tercera parte de las direcciones generales (o cargos de entidad superior); pero avanzan lentamente en los niveles de las subdirecciones.

Cuarto, la presencia de las mujeres como jurados aumenta en 36%; en las comisiones de valoración y ayudas en un 19%, llegando a la paridad. Igualmente se ha alcanzado participación casi paritaria en los Consejos de Cooperación Bibliotecaria, Junta de Ca¬lificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico y Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música—excepto en el caso del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, cuya participación es del 30%-. Los patronatos y los órganos de gobierno son los menos permeables a la participación de las mujeres en el poder, ellas apenas representan el 25%.
Destaca el impenetrable acceso al poder cultural. El poder de legitimación artística es vergonzosamente masculino. Ellos ocupan el 77% de los puestos de directivos de los centros con producción o programación cultural vinculados al Ministerio. Bien sea por dependencia directa o mediante adscripción o consorcios. Más aún, esta desigualdad llega al 88% en los cargos de dirección artística.

Investigaciones como esta muestran la dificultad de remover la desigualdad entre hombres y mujeres. Sería interesante replicar este tipo de estudios en otros contextos para analizar la eficacia de la ley.

BIBLIOGRAFÍA

Anllo, F., Fernández, J., Martínez, E.. López, C.M., Peña, E. 2020, Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte, España.



lunes, 15 de febrero de 2021

EL MÉTODO DE LA CADENA CAUSAL Y LA EXTREMA DERECHA DE VOX

Ferreira (2019) se apoya en el método de la cadena causal para comprobar su hipótesis sobre la pertenencia de Vox, partido español, a la ultraderecha. Para lo cual, parte de un marco conceptual que construye destacando diferentes componentes ideológicos de los partidos pertenecientes a la familia de la derecha.

Para probar dicha hipótesis se apoya en el método de la cadena causal que parte de jerarquizar en orden de importancia los componentes de la familia de derecha.

Se apoya en datos cualitativos de cinco fuentes diferentes, cuatro documentales y una audiovisual. Para el análisis de la información toma fragmentos de los discursos y los interpreta a la luz de los componentes considerados teóricamente: nacionalismo, nativismo, auto­ritarismo, antidemocracia, populismo, valores tradicionales y neoliberalismo.

En cada uno de los fragmentos de los discursos considerados de interés se realiza una labor de clasificación y codificación en cuatro sentidos: (C): central en el discurso; (P): está presente pero no es central; y (I): está pero no es explícito; y (-): no está presente. Este enfoque busca mostrar la primacía o jerarquía de los componentes que hacen parte de una ideología. Por lo cual interesa destacar la dirección de la argumentación y el orden de importancia de los conceptos que sustentan la ideología. Esto se realiza siguiendo la dirección de la argumentación y eva­luando cual es el primer argumento, cual es el segundo, etc. (Mudde, 2000).

Para ejemplificar la operatividad del método, Ferreira toma un fragmento del discurso del líder de Vox, Abascal: «La España Viva quiere libertad con mayúsculas, libertad para dis­frutar del fruto de nuestro esfuerzo sin que un político nos lo confisque para pagar traducciones en el Senado o cuando todos nos entendemos en una lengua común» (Vox, 2018b: min. 1:58:14).

El autor interpreta esta pieza discursiva bajo los siguientes parámetros. El hecho de criticar a “los políticos” introduce un elemento populista. Sin embargo, esta idea expresa la defensa de un marco econó­mico neoliberal, que reivindica la «libertad» de mercado, mientras los impuestos son considerados como una «confiscación» de la legítima riqueza. La idea principal es la apuesta por un programa de libre mercado, mientras el populismo emerge pero implícitamente. Pero, a su entender, es más significativa la segunda parte, centrada en el nacionalismo español, expresada en la defensa de la  hegemonía del castellano frente a les demás lenguas del Estado. En resumen, la jerarquización del discurso, en orden de importancia es: 1) (C): nacionalismo; 2) (P): neoliberalismo; y 3) (I) populismo.

La labor tarea de codificación jerarquizada sobre la base de cinco fuentes discursivas (ver tabla siguiente).

El método de la cadena causal, mediante la jerarquización de sus componentes, posibilita centrarse en la singularidad del fenómeno estudiado a la vez que brinda elementos conceptuales para la replicación de investigaciones en otros contextos en sentido comparado.

Ferreira concluye que Vox es una organización de ultraderecha, que se ajusta a las características de la familia de partidos de la derecha radical. En otra entrada ahondaremos en dichos conceptos.


BIBLIOGRAFÍA

Ferreira, C. (2019). Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su ideología. Revista Española de Ciencia Política, 51, 73-98.

Mudde, Cas. 2000. The ideology of the extreme right. Manchester: Manchester Univer­sity Press.

lunes, 8 de febrero de 2021

ETIQUETAS DE VALOR CON R

En una entrada anterior nos referíamos al uso de proc format” de SAS para asignar etiquetas a los valores de un conjunto de datos. Señalábamos que su uso aportaba eficiencia al trabajo, permitiendo codificar valores numéricos que traducen variables de cadena, más pesadas para su procesamiento.

Hoy vamos a referirnos a las etiquetas de valor (labels) en R. El paquete expss, creado por Gregory Demin y Sebastian Jeworutzki, permite realizar esta beneficiosa tarea. Una vez instalado dicho paquete, debemos llamarlo para empezar a crear las etiquetas de valor:


library(expss)

Después creamos una tabla o dataframe llamada “acude” para después asignar los valores con la función “val_lab”. Las etiquetas serán “No” (que en la tabla tiene el valor numércico 0) , “Sí” (1), “No contesta” (8)   y “No sabe” (9):

acude = c(1, 9, 1, 1, 0, 1, 1, 0)

val_lab(acude) = num_lab("
0 No
1 Sí
8 No contesta
9 No sabe
")

También podemos añadir un valor nuevo a esa misma variable, utilizando la función add_val_lab. En el ejemplo añadiremos el valor “No aplica”:

add_val_lab(acude) = num_lab("
7 No aplica
")

R es un software libre creado para el trabajo estadístico. Desde Sociología Necesaria impulsamos su uso y te asesoramos en su manejo.

lunes, 1 de febrero de 2021

RELACIONES LABORALES Y POLÍTICA EN COLOMBIA

La política es el espacio de los fines, es allí donde se construyen colectivamente los proyectos sociales y políticos deseables para una sociedad en un momento histórico determinado. Es, en últimas, el espacio de construcción y validación de las ideologías que en la esfera material o en la del trabajo filtran las estrategias tanto de los empresarios como de los trabajadores; la política y sus instituciones proveen a éstos de representaciones mutuas y, de alguna manera, de comportamientos sociales esperables, elementos de gran importancia para el despliegue de las estrategias. Las acciones gubernamentales, de los partidos políticos, de los grupos sociales, configuran el ámbito de lo político porque ejercen una influencia importante en la institucionalización de los sistemas nacionales de relaciones industriales (López, 2003).

Este ámbito debería ganar cada vez más fuerza en las reflexiones de los estudiosos de las relaciones laborales, pues la propuesta neoliberal es liberar progresivamente la “economía” de todo control político –el significado principal del término “economía” es “el área de lo no político”– (Bauman, 1999, 90). Como señala Offe (1990), esta ha despojado a los trabajadores de las protecciones que les brindaban las instituciones reguladoras, entre ellas las estatales, que en su momento sirvieron para incorporar la fuerza de trabajo al mercado de trabajo, constituir la clase obrera y regular el proceso de proletarización.

El estudio de Valero, Moisá y Celis (2018) ubica el futuro del trabajo en Colombia en la relación que se establece en la historia reciente entre situación del trabajo, política económica, conflicto armado y proceso de paz. Señalan cómo las relaciones laborales se configurado en un espacio en donde la política no ha logrado institucionalizar y legitimar la acción sindical, quedando expuestos los trabajadores y sus representantes a la violencia sistemática que ha atravesado el país desde la segunda mitad del siglo pasado. Lo ilustran las permanentes amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, hostigamientos, desapariciones, torturas y secuestros a los que han sido y siguen siendo sometidos los sindicalistas colombianos en los últimos cuarenta años (ver cuadro Nº1).

Violencia sindical en ColombiaEste proceso ha dado paso al fortalecimiento de los Pactos Colectivos, figura jurídica que parte de la identidad de intereses entre capital y trabajo, despojada del conflicto estructural existente. Es decir, organizaciones creadas por la dirección de la empresa que entra a disputar el espacio de representación a los sindicatos o como estrategia preventiva para evitar el surgimiento de los mismos. Organizaciones sin mayor autonomía, ampliamente tuteladas por la dirección empresarial cuyos representantes ejercen de manera simultánea el rol de representación de los trabajadores. Estrategia que favorece el paralelismo sindical a la vez que resta la potencialidad para convocar paros (ver cuadro siguiente).
Convenciones y pactos en Colombia
La débil institucionalización de las organizaciones sindicales tiene expresión en un entramado legal manifestado en el poder del gobierno para disolver un sindicato y en las trabas administrativas para la creación de los mismos. Entre 2002 y 2007 fueron rechazadas 491 iniciativas de trabajadores tendientes a la creación de un sindicato (Valero et al, 2018: 175). Es así como la tasa de sindicalización en 2010 no superaba el 4,9% de los trabajadores.

Igualmente, emergen los contratos sindicales, aquellos celebrados entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores o sindicatos patronales con el fin de realizar la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Esta figura jurídica contribuye aún más a desdibujar el papel de los sindicatos y a debilitarlos.

Los investigadores muestran también cómo las políticas neoliberales han quebrantado el débil entramado industrial acompañado de políticas de flexibilización del trabajo que han ido borrando del mapa los pocos derechos en cuanto a estabilidad laboral y regulación del trabajo que hasta la década del ochenta caracterizaban las relaciones laborales de un puñado de empresas grandes y medianas.

Es evidente que los intereses de las y los trabajadoras/es deben contar con representación en el campo de la política, cristalizada en estrategias distantes del orden neoliberal y de legislaciones que coloquen talanqueras a la flexibilidad laboral, la desregulación del trabajo y la privatización de los servicios de salud. Este es uno de los campos (además del propiamente empresarial) en donde las organizaciones sindicales deben apostar para legitimarse como actores válidos de negociación no sólo en el campo de la empresa sino de la sociedad en su conjunto, para dejar de estar expuestos a la violencia, la cual, a pesar del proceso de paz, acampa sin mayor control por parte del Estado, cuando no auspiciada por éste.


BIBLIOGRAFÍA

Bauman, Z. 1999. En busca de la política. Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A.

López, Carmen Marina, El enfoque de las opciones estratégicas de los actores en el estudio de las relaciones laborales. INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 21, julio - diciembre de 2003.

Offe, C. 1990. Contradicciones del Estado de bienestar. Madrid: Alianza Editorial.

Valero, E., Moisá, L. y Celis, J.C. 2018. El futuro del trabajo en Colombia. En: En Revista Trabajo, Año 10, nº15, Enero- Junio, OIT, Plaza y Valdez Editores.

lunes, 25 de enero de 2021

¿PREDICCIONES SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO?

¿Es posible predecir el futuro del trabajo?
Enrique De la Garza se plantea en qué medida las ciencias sociales pueden realizar predicciones respecto al futuro del trabajo. Crítica los modelos predictivos en que se apoya la economía neoclásica centrando su análisis en las premisas que sustentan dichos modelos.

Primero, en estos modelos los sujetos son reducidos a variables estructurales. Tanto empresarios y trabajadores son cuantificados como capital y trabajo. Segundo, los sujetos son considerados actores racionales que requieren información para realizar una elección óptima. Por ejemplo, los empresarios orientan sus estrategias a la optimización de sus ganancias. Tercero, las variables deben ser cuantificables. Y cuarto, las variables que no pueden ser controlables son declaradas exógenas o resultado de fallas del mercado.

De la Garza plantea la necesidad de considerar tanto los aspectos sociales como políticos de los ejercicios “predictivos”. Concibe los procesos como “resultantes de las interacciones entre estructuras, subjetividades (procesos de construcción de significados) y acciones” (2018: 228). Contempla no sólo la esfera individual sino la estructural, la colectiva y la de actores con capacidad para liderar cambios.

Distante de considerar leyes universales, con carácter probabilístico, expresadas en modelos matematizados, plantea la dificultad de su construcción debido a la transformación permanente de la realidad, lo cual resta carácter determinista a dichas leyes dándole un sentido de tendencia, que puede ser afirmada o contrarrestada según la coyuntura específica. La realidad no es del todo azarosa, por ello hay un espacio de posibilidades en el que los sujetos pueden desplegar sus estrategias.

También destaca, por un lado, que las acciones de los actores, tanto individuales como colectivas, están plagadas de lo “irracional”: lo emocional, lo estético, lo moral, habitus y prácticas que llevan a plantear la existencia de tendencias más que de leyes. Por otro lado, no contempla variables exógenas ni fallas del mercado, sino que tanto la reconstrucción de la totalidad concreta como lo que influye sobre el fenómeno se van definiendo en la práctica de investigación.

Por ejemplo, para predecir el futuro del trabajo en México señala que habría que contemplar el tipo de estado, sus políticas y hegemonías en términos de clases y fracciones de clase; el modelo económico establecido; los modelos productivos implantados; los niveles de tecnología; las formas de organización del trabajo; las relaciones laborales; el perfil de la mano de obra; y culturas gerenciales, laborales y sindicales con respecto del trabajo, así como los encadenamientos productivos. Por último, habría que considerar los procesos de robotización y automatización.

Concluye: el futuro está relativamente abierto, no deja de ser presionado por estructuras, a veces muy sólidas, pero siempre hay un margen para la voluntad y para la acción de los sujetos (2018:260).


BIBLIOGRAFÍA

De la Garza, Enrique, 2018, El Futuro del Trabajo en México: apuntes para una discusión. En Revista Trabajo, Año 10, nº15, Enero- Junio, OIT, Plaza y Valdez Editores.

martes, 19 de enero de 2021

LA ESPIRAL DE LA MODERACIÓN POLÍTICA

Nadia Calviño
Hace unas semanas publicábamos una entrada sobre marketing político, definido como la actividad encaminada a implementar acciones con fines políticos y que convierte la política en un mercado.

Señalábamos que una consecuencia del auge del marketing político es el desarrollo de una espiral de la moderación en el campo político. Entendiendo la moderación como una posición que busca la centralidad en una huida de los extremos, un político o un partido puede tomar decisiones encaminadas a ser visto como opción moderada para los electores. Incluso, puede tratar de diferenciarse de opciones rivales por proyectar una imagen de mayor moderación.

Cuando dos o más opciones políticas compiten por el espacio de la moderación, otros actores pueden intervenir en la carrera. Por ejemplo, medios de comunicación privados pueden estar interesados en que prosperen opciones políticas que se basen en ese tan neoliberal dejar hacer. Por esa causa, aunque manejen líneas editoriales determinadas, pueden llegar a sancionar moralmente aquellas propuestas que impliquen una medidas más drásticas para atajar problemas sociales como la desigualdad.

En la política actual, en la que expertos en marketing guían cada mensaje y cada propuesta, puede producirse una espiral hacia la moderación que conlleve el entierro de cualquier propuesta que no sea del gusto de todos los medios y todos los grupos de opinión. En algunos casos, una moderación entendida como la necesidad de llegar a acuerdos puede también acabar vaciando de contenido el programa político más comprometido.

En España, vemos que en la izquierda del tablero político encontramos a un PSOE que busca diferenciarse de Unidas Podemos en base a una imagen de moderación. En un gobierno de coalición como el que actualmente se da entre ambas fuerzas, el PSOE asume siempre el papel de moderar cualquier propuesta de Unidas Podemos. Y anhela un espacio que, al mismo tiempo, le permita no alejarse de los votantes del centro político y el nacionalismo español moderado. Hasta el punto de, aún definiéndose como republicano en sus estatutos, ha llegado repetidamente a rechazar iniciativas parlamentarias que investiguen los turbulentos procesos judiciales en los que se está viendo salpicada la Corona.