lunes, 2 de agosto de 2021

DE LA INTERDICCIÓN A LA RESPONSABILIDAD COMPRATIDA

Derribar la interdicción es considerar que las personas en situación de discapacidad o diversidad funcional son sujetos de derechos civiles y políticos, pero en tanto se den una serie de condiciones estipuladas no sólo por el marco jurídico sino por la acción social.

En este proceso de homogenización de la norma, en donde los diferentes países muestran disposición a legislar para proteger a sujetos invisibilizados; sujetos carentes de voz, que sólo han sido escuchados cuando colectivamente -junto con sus familias-, han roto su silencio, cuando se han movilizado y expresado que ellos, como los otros, son seres humanos; y en el marco de su diversidad y ataduras físicas son sujetos con capacidad para autodeterminarse.

Si bien, en un número importante de países las personas interdictas reciben algunos apoyos, el derribo de la interdicción apunta, entre otros aspectos, a:

- Reconocer la autonomía, la autodeterminación y la voluntad de las personas en situación de discapacidad para decidir sobre su propia vida, como sujetos de derechos civiles y políticos.

- Previo un dictamen de los campos médico y jurídico, determinar el grado de discapacidad de los sujetos y proceder a autorizar una responsabilidad compartida.

- Establecer la responsabilidad compartida. La voluntad de la persona en situación de discapacidad debe ser considerada en el momento de determinar con quién ha de compartir la responsabilidad.

- Decretar que la voluntad y los deseos de las personas en situación de discapacidad deben ser considerados en todas las actividades cotidianas vinculadas al goce de la vida misma, al cuidado y administración de los bienes; previo dictamen del juez, quien determinará qué actividades puede desarrollar solo y en cuáles necesitará ayuda. Es decir, establecer los espacios en los cuales son plenamente autónomos y en qué situaciones requieren de apoyos o una responsabilidad compartida.

- Eliminar del ámbito de la discapacidad, no solo la tutela, sino también la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras muy rígidas, poco favorables a la promoción de la autonomía de las personas adultas en situación de discapacidad. Además, esto cuestiona que los progenitores sean siempre las personas más adecuadas para favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor grado de independencia posible y se prepare para vivir en el futuro sin la presencia de sus progenitores, dada su previsible supervivencia.

- Desplegar una serie de apoyos (económicos y de cuidado) para garantizar la autonomía de las personas.

- Priorizar el principio de correspondencia, es decir, los apoyos que se presenten para tomar decisiones deben ser acordes con la situación específica de cada persona.

- Derribar las barreras comunicativas. Respetar las diversas formas de comunicación de estos colectivos, por ejemplo, el lenguaje de señas, la visualización de textos, la comunicación táctil, el braille, los macrotipos, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada, así como el lenguaje escrito, entre otros; considerando los apoyos brindados por los avances en la tecnología de la información y de la comunicación.

- Avanzar en la restitución de los derechos políticos, como elegir y ser elegido.

La preocupación centrada en los temas patrimoniales debe dar paso al modelo del cuidado para el ejercicio de la curatela, considerando la situación particular, la singularidad de los sujetos, sus historias personales, sus sueños y luchas, las cuales transcurren muchas veces en soledad y silencio. “Todas las personas, y en especial las personas con discapacidad, requieren ser tratadas por las demás personas y por los poderes públicos con cuidado, es decir, con la atención que requiera su situación concreta” (Proyecto de Ley 121/000027, 2020:4).

Pero no basta un proceso de homogenización de la norma, para que ésta tenga efectos sobre la vida de los sujetos es necesario convertir esta situación en un problema social, lo que supone una tarea de reconocimiento y de legitimación, y en este caso particular de institucionalización de la norma (Lenoir, 1993).

Por ello amerita avanzar en estudios que indaguen sobre este problema. Por ejemplo:

- ¿en qué medida los sujetos en situación de interdicción conocen este marco de oportunidad legislativa?

- ¿Cuentan con apoyos materiales e intelectuales para hacer valer sus derechos?

- ¿Qué garantías reales han desplegado los diversos gobiernos para garantizar el derecho a la autodeterminación, a la autonomía, a la no discriminación y libre desarrollo de la personalidad de las personas en situación de discapacidad?

- ¿Cuál es la eficacia de la aplicación de la Ley? Son conocidos los largos y kafkianos procesos de orden procedimental de tipo administrativo y legislativo que suelen restar eficacia de la ley.

- ¿En qué medida los apoyos reconocidos por la ley llegan a las personas en situación de discapacidad?

- ¿Cómo funciona el trato personalizado establecido en los diversos sistemas legislativos, en cuanto al reconocimiento de la voluntariedad de los sujetos y la gestión de los apoyos?

En fin, son preguntas a investigar cuyo desarrollo contribuiría a visibilizar esta problemática y a la institucionalización de la ley, siempre y cuando cuente con procesos de movilización social, porque “el derecho funciona cuando se reclama”. Además, todos y todas no estamos exentos de ser sujetos interdictos, porque todas/os avanzamos en edad y esta situación nos pone en el filo la interdicción: de convertirnos en sujetos despojados de derechos civiles y políticos.


BIBLIOGRAFÍA

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los diputados, 2020. 121/000027 Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. España.

Lenoir, R. (1993). Objeto sociológico y problema social. En: Lenoir, R., Merllié,D. y Pinto, L., Introducción a la práctica sociológico (pp. 57-101). México: Siglo XXI Editores.

lunes, 26 de julio de 2021

DIVERSIDAD FUNCIONAL E INTERDICCIÓN

Representación de la interdicción
La lucha de los colectivos en situación de discapacidad o diversidad funcional por derribar la interdicción a la que buena parte de sus afiliados han estado sometidos parece tener resultados positivos como muestra el acuerdo logrado en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, llevado a cabo 13 de diciembre de 2006, en New York. Tratado internacional que en su artículo 12 demanda que las personas en situación de discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas para proporcionar apoyos a las personas en situación de discapacidad para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica.

Este marco internacional ha generado un proceso escalonado de homogenización de la norma en los diversos países iberoamericanos. En España se da inicio con la Ley 26/2011, llamada precisamente de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. La reforma continuó con una serie de modificaciones en el campo civil e, incluso, penal, hasta la más reciente Ley Orgánica 1/2017 y su proyecto de Ley 121/000027 de 2020, que garantiza el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Para el caso colombiano, se promulgó la Ley 1996 de 2019, orientada a reformar legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Similares acciones las realiza previamente Perú con su Decreto Legislativo Nº 1384/2018; y México en 2013.

Pero ¿qué es la interdicción? Es el procedimiento civil por el cual se determina que una persona no cuenta con las capacidades intelectuales o volitivas para autodeterminarse, para el ejercicio de su autonomía, para tomar sus propias decisiones; es decir, no se le respeta el derecho a equivocarse, a la independencia y libre desarrollo de su personalidad conforme a su voluntad, deseos y preferencias.

Esto le supone una muerte civil y política a los sujetos al despojarlos de sus derechos. Por ejemplo, una persona interdicta no puede administrar sus bienes, ni realizar un contrato laborar, ni abrir una cuenta bancaria, ni decidir si contrae o no nupcias o ser madre. Tampoco puede ejercer su derecho al voto y mucho menos ser elegido/a.

Esta muerte civil y política desencadena en una muerte social de las personas al atentar contra los principios fundamentales que rigen los derechos humanos como son: la dignidad, la autonomía, la primacía de la voluntad y preferencia de los sujetos, la no discriminación, la accesibilidad e igualdad de oportunidades.

Este despojo de la autonomía y autodeterminación de los sujetos los priva del goce de los derechos humanos, los extrae de la sociedad y los deja a manos de los cuidadadores de bienes; exponiéndolos, en algunos casos, a la soledad o a estar a la libre disposición de las personas o instituciones cuidadoras.

Pero ¿qué supone derribar la interdicción? En la próxima entrada ahondaremos sobre ello.


BIBLIOGRAFÍA

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los diputados, 2020. 121/000027 Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. España.

Departamento Administrativo de la Función Pública, 2019, Ley 1996, Colombia.

Diario Oficial el Bicentenario, El PeruanoDecreto, 2018, Acto Legislativo Nº 1384, Perú.

martes, 20 de julio de 2021

RACIMOS DE DERECHOS EN ELINOR OSTROM

Imagen de la autora sueca
Hoy continuaremos con el uso de los bienes en común
propuesta por la corriente liderada por Elinor Ostrom, quien durante más de medio siglo, abanderó, junto con otros grupos de investigación, la propuesta de la gobernanza de “bienes comunes”,

Un recurso de uso común puede ser poseído y manejado como propiedad gubernamen­tal, privada, comunal, o no ser poseído por nadie. Schlager y Ostrom (1992) retoman los trabajos de Commons [1924, 1968), vinculados a la conceptualización de “racimos” de derechos. A través del meta-análisis de los estudios de caso identificaron cinco formas de derechos de propiedad que los usuarios de un recurso pueden acumular: 1. Acceso: el derecho a entrar en una propiedad específica; 2. Cosecha: el derecho de cosechar productos determinados de un recurso; 3. Manejo: el derecho de transformar el recurso y regular los patrones internos de uso; 4. Exclusión: el derecho a decidir quiénes tienen de­rechos de acceso, uso o manejo; y 5. Alienación: el derecho a alquilar o vender cualquiera de los anteriores derechos. Actualmente, el de derechos como racimos es un concepto ampliamente aceptado (Ostrom, 2014: 31).

Resultado de sus múltiples investigaciones, la autora identifica un conjunto de principios para alcanzar una buena gobernanza de los recursos de uso en común:

1. Establecer límites entre los usuarios legítimos y los no usuarios.

2. Delimitar los recursos de uso en común respecto a otros sistemas socioecológicos mayores.

3. Considerar las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión deben ser congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales.

4. Establecer arreglos de elección colectiva: propender por la participación de la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un recurso.

5. Instituir sistemas de monitoreo a todo nivel de forma participativa.

6. Establecer sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo bajas, pero se tornan más fuertes ante el incumplimiento repetitivo de la regla.

7. Instituir mecanismos de resolución de conflictos.

8. Propender por la institucionalización de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias reglas deben ser reconocidos por instancias superiores de gobierno.

9. Configurar empresas anidadas: en el evento de grandes recursos comunes, éstos deben ser organizados y gestionados en varios niveles, considerando la participación de las comunidades bases locales.

Los estudios mostraron que muchas predicciones de la teoría convencional de la acción colectiva no se sostienen. La cooperación es más elevada que la predicha; la comunicación, las charlas breves aumentan la cooperación a la vez que los sujetos establecen reglas sancionadoras para los no cooperadores. No obstante, los experimentos muestran también diversidad motivacional en relación con las decisiones sobre el nivel de cosecha y contribución y sobre la aplicación de las sanciones. Por ejemplo, un estudio en Colombia arrojó que los sujetos aumentaban sus niveles de extracción de recursos en relación con los resultados obtenidos cuando se permitía comunicación “cara a cara” y no se imponía ninguna sanción.

Para el caso de Nepal, los sistemas manejados por los campesinos presentaron mayor posibilidad de cultivar más arroz, distribuir agua de manera más equitativa y dar mayor mantenimiento a sus sistemas de irrigación que los sistemas gubernamen­tales. Manteniendo constantes las variables relevantes, encontraron que mientras el desempeño de los sistemas de irrigación de los campesinos era variable, pocos de ellos se desempeñaban tan mal como los sistemas del gobierno.

Otras de las grandes conclusiones de los estudios es la importancia de la construcción de relaciones de confianza. No se trata simplemente de que los individuos adopten normas, sino también de la estructura de la situación, que genera información sobre las conductas probables de los otros como personas confiables que actúan con base en reciprocidad, que pueden asumir los costos que les corresponden en la supe­ración de un dilema. En algunos contextos, es posible ir más allá del supuesto de los individuos impotentes para superar situaciones de dile­mas sociales (Ostrom, 2014:49).

En conclusión, considerar la participación de las comunidades en los procesos de uso de bienes comunes es una apuesta en positivo como mecanismo de gobernanza, especialmente cuando los estados no apuestan de manera decidida por una política de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de garantía de derechos a la ciudadanía. Desde las comunidades emergen formas de vida y de gestión alternativas a las propuestas del estado, distantes de la lógica neoliberal propia de la racionalidad dominante. La gobernanza comunitaria no es sinónimo de ineficacia, tal como lo demuestran los múltiples estudios de Ostrom.


BIBLIOGRAFÍA

Commons, John R. ([1924] 1968). Legal Foundations of Capitalism. Madi­son: University of Wisconsin Press.

Ostrom, Elinor, 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica (conferencia). Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 15-70.

Schlager, Edella, y Elinor Ostrom (1992). “Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis”. Land Economics 68 (3): 249-262.

martes, 13 de julio de 2021

LOS RECURSOS DE USO EN COMUN: GOBERNANZA POLICÉNTRICA

Elinor Ostrom fue la primera mujer en recibir el premio nobel de economía en 2009. Distante del dilema Mercado-Estado, Ostrom se centra en el análisis de los bienes comunes, para desde el marco de Análisis Institucional y Desarrollo (AID) ir en contravía de la teoría de juegos que argumenta que los individuos anónimos aislados sobreexplotan los recursos de uso en común. Apoyada en numerosos estudios de caso, realizados en diversas partes del mundo, cuestiona este supuesto y el de que los gobiernos resultan mejores custodios que los usuarios para administrar y proteger recursos importantes.

Construye un modelo complejo de comportamiento humano, para lo cual va más allá de la dicotomía establecida entre los bienes privados, vinculados a la propiedad o la capacidad para pagar por su uso; y los bienes públicos, los cuales no son excluibles -es imposible evitar que quienes no han pagado consuman el bien- y no ri­vales -todo aquello que el individuo “A” consume no limita el consumo de otros-. Esta división expresa la dicotomía entre mercado y estado, en donde la posibilidad de la gestión por parte de los usuarios de los recursos de uso en común no se plantea. Por ello, añade un nuevo tipo de bienes -los recursos de uso común- que comparten con los bienes privados los atributos de alta sus­tractabilidad y con los bienes públicos la dificultad de exclusión (Ostrom y Ostrom, 1977). Los bosques, los sistemas hidrológicos, las pesquerías y la atmósfera global son todos recursos de uso común de inmensa impor­tancia para la supervivencia del hombre y la conservación del planeta. Lo que Elionor Ostrom y su equipo proponen es que dichos bienes pueden ser gestionados desde lo local, desde lo comunitario, desde lo asociativo, pero sin desestimar la participación del estado.

En una entrada pasada expusimos cómo los campesinos del Catatumbo colombiano adelantaron en 2013 un paro por 53 días para luchar por la autogestión de su territorio, para ir en contravía de las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos, orientadas a abrir todo tipo de fronteras a las multinacionales extractivas distante de una gobernanza orientada a la conservación del medio ambiente. ¿Es posible plantear que las comunidades pueden gestionar bien y responsablemente los recursos? ¿Es posible sostener que la Minga –organización indígena- pueda gestionar eficientemente su territorio? ¿Es posible seguir conservando modelos de gestión comunitaria de los bosques como aún existe en algunos territorios españoles? Eso es lo que plantea Ostrom y su equipo.

En la década del sesenta Ostrom, Tiebout y Warren (1961) introducen el concepto de poli­centricidad con miras a comprender si las actividades de un grupo diverso, integrado por agencias públicas y privadas participantes en la provisión y producción de servicios públicos en áreas metropolitanas, re­sultaban caóticas, como sostenían otros académicos, o podían conformar un arreglo potencialmente productivo.
El término “policéntrico” denota múltiples centros de toma de decisión que actúan independientemente. Qué tan independiente es su comportamiento, o qué tanto constituyen en realidad sistemas de relaciones, es una pregunta empírica con respuestas específicas en cada caso. Mientras estas instancias tomen en cuenta a otras en relaciones competitivas, participen en iniciativas contractuales o cooperativas o bien recurran a mecanismos centralizados para resolver conflictos, las diversas jurisdicciones en un área metropolitana pueden operar de forma coherente con patrones predecibles de conducta interactiva. En tanto esto suceda puede decirse que funcionan como un “sis­tema” (Ostrom, Tiebout y Warren, 1961: 831-832, tomado de Ostrom, 2014: 19).
Desde el marco de IAD, apoyada en la teoría de juegos y de un vasto y minucioso trabajo de meta-análisis, proponen complejizar el modelo sujeto racional, cuyo entender es útil solo para el análisis de situaciones particulares (ver gráfico).



Después de analizar más de 500 casos de comunidades gestoras de agua, se detectó que el cumplimiento de las reglas era la variable clave que determinaba la disposición de agua a lo largo del tiempo. Sin embargo, en ningún caso encontraron que los usuarios utilizaran los tipos de castigo que sostienen muchos supuestos teóricos en torno a la resolución de dilemas repetidos.

El estudio clasificó las reglas en siete tipos:

    1.  Reglas de Límites: especifican cómo se seleccionan los actores para entrar o dejar las posiciones;

    2.  Reglas de Posición: indican el conjunto de posiciones y las formas en que los actores sostienen cada una de ellas;

    3.  Reglas de Elección: señalan qué acciones se asignan a un actor en una posición determinada;

    4.  Reglas de Información: determinan los canales de comunicación entre los actores y si la información debe, puede o no debe compartirse;

    5.  Reglas de Ámbito: determinan los resultados que pueden ser afectados;

    6.  Reglas de Conjunto (como las reglas de mayoría o unanimidad): especifican cómo las decisiones de los actores en un nodo pueden ligarse con los resultados intermedios o finales; y

    7.  Reglas de Compensación: indican cómo deben distribuirse los costos y los beneficios entre los actores qué ocupan diversas posiciones (Crawford y Ostrom, 2005, tomado de Ostrom, 2014: 32).

En la próxima entrada continuaremos con los recursos de propiedad común, adentrándonos en temas como los racimos de propiedad y las conclusiones finales a las que ha llegado esta corriente teórica.


BIBLIOGRAFÍA

Ostrom, Elionor, 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica (conferencia). Revista Mexicana de Sociología 76, núm. especial (septiembre, 2014): 15-70.

martes, 6 de julio de 2021

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CLACSO SOBRE DERECHOS HUMANOS

Cartel de la convocatoria
Las crecientes movilizaciones sociales en
Latinoamérica, en países como Colombia, Brasil y Centroamérica, son el resultado de procesos de paz inconclusos, caracterizados por el incumplimiento de los acuerdos; de la pérdida de espacio de la izquierda y el triunfo de proyectos neoliberales que van de la mano con la presencia de instituciones corruptas en la zona; y de un proceso creciente de empobrecimiento y pérdida de derechos sociales de las clases populares.

Movilizaciones sociales que han sido respondidas de manera violenta por parte de los Estados, con el apoyo de las élites y de grupos civiles armados, centrando su acción en contra de las lideresas y líderes sociales. Son la expresión de una larga lucha historica vinculada con las disputas en torno a la vigencia, garantía y ampliación de los Derechos Humanos.

En este marco de luchas sociales CLACSO realiza una convocatoria para equipos de investigación interdisciplinarios centrada en «Los Derechos Humanos y la consolidación de la paz como dimensiones para el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe»; con miras a aportar ideas de manera crítica para afrontar los desafíos planteados desde propuestas superadoras.

Puede acceder a dicha convocatoria a través del siguiente enlace para su inscripción.

Cierre de inscripción: 23 de agosto de 2021 (23:59hs, Argentina)
Publicación de ganadores/as: Septiembre de 2021
Realización del proyecto: octubre 2021 a julio 2022
Presentación del informe final: 31 de julio de 2022

Los resultados serán publicados en el sitio web de CLACSO. Los/as ganadores/as serán contactados/as por correo electrónico.

Consultas: derechoshumanosypaz@clacso.edu.ar

martes, 29 de junio de 2021

SOBRE EL TRATADO DE LA OIT CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO

El pasado 25 de junio de 2021 entró en vigor el 
Tratado Internacional contra la Violencia y el Acoso, promovido por la OIT y ratificado hasta la fecha por un pequeño número de países: Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia y Uruguay.

Se trata de una declaración de intenciones que aporta pocas novedades a la legislación aplicada en muchos países. Tal vez tenga como finalidad homogeneizar este tipo de regulación en todos los países del mundo.



Consideramos aspectos novedosos los dos siguientes:

  • El artículo 10.b.v obliga a los estados firmantes a establecer medidas de apoyo legal, social, médico y administrativo a denunciantes y víctimas de acoso y violencia laboral, y

  • El artículo 10.h, que habilita a las inspecciones de trabajo y otras autoridades competentes para detener el trabajo en caso de una situación de inminente peligro para la vida, la salud o la seguridad de las personas.

Pero, por lo demás, nada nuevo bajo el sol. No aborda los problemas de conceptualización del acoso, las dificultades probatorias, la individualización y psicologización del problema que exime a las empresas de su responsabilidad, la revictimización o los débiles mecanismos de sanción y reparación, entre otros. Tal como revelamos (López y Seco, 2015) en nuestro estudio sobre la eficacia de la ley 1010/2016 de acoso laboral en Colombia.


BIBLIOGRAFÍA

López, C.M. y Seco, E. 2015, Eficacia de la Ley 1010/2006 de acoso laboral en Colombia, una interpretación desde la sociología. Revista de Derecho N.º 44, Barranquilla, Colombia.

martes, 22 de junio de 2021

CODIFICACIÓN ABIERTA Y CODIFICACIÓN SELECTIVA EN GLASER

ATLAS.ti contiene la codificación abierta y la codificación por lista

En una entrada anterior nos referíamos a la Teoría Fundamentada o Grounded Theory. Desarollada a finales de los sesenta, ha ido creciendo en su uso dentro de la investigación cualitativa, al tiempo que software’s CAQDAS como ATLAS.ti han ido ganando acogida.

La Teoría Fundamentada ha evolucionado en diferentes vertientes. Estrada-Acuña et al. explican muy bien cuáles han sido las semejanzas y las diferencias entre todas ellas. Una de las mismas fue la impulsada por Barney Glaser y vino a llamarse Teoría Fundamentada Glaseriana. En ella, se define el proceso de análisis como la creación de códigos sustantivos y códigos teóricos.

Nos ocuparemos de los primeros. Los códigos sustantivos se refieren a la determinación patrones reconocibles en los en el camino hacia la conceptualización y saturación de las categorías que emergen de un área de investigación (Glaser, 1978). Así, el proceso de generación de códigos sustantivos se divide en dos partes: la codificación abierta y la codificación selectiva.

La codificación abierta constituye la segmentación o fractura del texto en partes. Así, surgen las citas como un primer nivel de análisis textual. Éstas se asocian con categorías (o indicadores, en la terminología de Glaser). Y, finalmente, ese proceso de generación de categorías avanza hacia la construcción de una categoría central.

Paralelamente, la codificación selectiva utiliza una lista de categorías que surgen en torno a la categoría central obtenida a través de la codificación abierta, dándole un contexto de propiedades y dimensiones; y, finalmente, generando hipótesis y una nueva teoría.

El software ATLAS.ti se inspira bastante en este modo de ver el análisis cualitativo, si bien recoge también elementos de otras corrientes. Pero dos de las formas de codificación que contempla se apropian de estas ideas: la codificación abierta y la codificación por lista son expresiones de la metodología glaseriana.


BIBLIOGRAFÍA

Estrada-Acuña, R.A., Arzuaga, M.A., Giraldo, M.V. y Cruz, F. (2021) Diferencias en el análisis de datos desde distintas versiones de la Teoría Fundamentada. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 51 mayo-agosto, 2021, pp. 185-229. 
ISSN: 1139-5737, DOI/ empiria.51.2021.30812

Glaser, B. (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of grounded Theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.

lunes, 14 de junio de 2021

ESTRATIFICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EDUCACIÓN

La estratificación vertical en educación fue estudiada por autores como Boudon (1974). Hace referencia a distintas probabilidades de escalar en los niveles educativos entre los estudiantes de los diferentes orígenes sociales. Esto tiene que ver, en primer lugar, con desigualdades en la disponibilidad de recursos por parte de las familias, lo que afecta a un diferente rendimiento de los estudiantes (Bernardi y Cebolla, 2014; Goldthorpe, 2010). En segundo lugar, estas desigualdades afectan en el momento en que dichos estudiantes deben tomar decisiones orientadas a continuar su formación en un nivel educativo superior no obligatorio (Bernardi y Requena, 2010; Torrents, 2015).

Por el contrario, la estratificación horizontal hace referencia a las diferencias de origen social que inciden en experiencias educativas ventajosas de los estudiantes dentro de un mismo nivel educativo. Así, la institución en que se forman, la orientación profesional o el tipo de disciplina cursadas pueden seguir diferenciando a los estudiantes dentro, incluso, de un nivel educativo equivalente (Bo­zick y DeLuca, 2005; Torrents, 2017; Tri­venti, 2011).

El trabajo de Dani Torrents y Helena Troiano (2021) introduce la desigualdad en la percepción del riesgo que los estudiantes y sus familias tienen en la toma de decisiones educativas. A partir de los datos de la encuesta europea ISCY Project para la ciudad de Barcelona, realiza una aproximación que nos parece relevante, si bien sería posiblemente necesario un instrumento más amplio para profundizar en las conclusiones.

BIBLIOGRAFIA

Bernardi, F. y Cebolla, H. (2014). «Clase social de origen y rendimiento escolar como predictores de las trayectorias educativas» /«Social Class and School Performance as Predictors of Educational Paths in Spain». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 146: 3-22. doi: 10.5477/cis/reis.146.34

Bernardi, F. y Requena, M. (2010). «Inequality in Educational Transitions: The Case of Post-Compulsory Education in Spain». Revista de Educación, (n.º extraordinario): 93-118.
Boudon, R. (1974) Education, Opportunity, and Social Inequality: Changing Prospects in Western Society. New York: John Wiley & Sons.

Bozick, R. y DeLuca, S. (2005). «Better Late than Never? Delayed Enrollment in the High School to College Transition». Social Forces, 84: 527-550.

Goldthorpe, J. H. (2010). «Class Analysis and the Reorientation of Class Theory: the Case of Persisting Differentials in Educational Attainment». The British Journal of Sociology, 61(1): 311-335. doi: 10.1111/j.1468-4446.2009.01248.x

Torrents, Dani (2017). Estratègies d’accés a la universitat i origen social. L’adaptació de l’estudiant al seu perfil socioeconòmic i al context institucional com a font de diferenciació educativa. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/handle/10803/402358

Torrents, D. y Troiano, H. (2021) El riesgo estimado en las elecciones educativas y las diferencias según origen formativo familiar en la educación superior. En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 174: 147-168. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.174.147)

Triventi, M. (2011). «Stratification in Higher Education and Its Relationship with Social Inequality: A Comparative Study of 11 European Countries». European Sociological Review, 29(3): 489-502. doi: 10.1093/esr/jcr092

martes, 8 de junio de 2021

SEMINARIO CRÍTICO SOBRE RAZÓN DECOLONIAL

Seminario sobre pensamiento decolonial
El concepto razón decolonial va ligado a una crítica dirigida hacia el poder colonial y sus consecuencias posteriores en regiones como Latinoamérica.

La Red Para el Estudio de las Izquierdas en América Latina (REIAL) organiza un seminario crítico sobre esta corriente de pensamiento que en los últimos años ha ganado bastante auge y espacio discursivo en el continente.

Nos parece muy relevante la posibilidad de realizar una mirada crítica que vuelva más reales y más accesibles estas miradas. Del mismo modo, consideramos que cabe fijar sus límites e interrelaciones con otras formas de pensamiento.

El seminario, de carácter internacional, se inició el 2 de junio de este año y concluye el 3 de noviembre. Puede seguirse a través del siguiente enlace y este otro enlace permite descargar los artículos

lunes, 31 de mayo de 2021

EL PARO EN COLOMBIA: DIVERSO Y POPULAR

En 2013, las y los campesin@s de la zona del
Catatumbo -frontera con Venezuela- iniciaron un Paro que se prolongó durante 53 días. Una zona con una alta importancia geopolítica y potencial carbonífero, petrolífero, gasífero, agroindustrial, forestal y ganadero; con presencia de todos los actores armados (insurgencias, paramilitares y fuerzas militares).

Hombres y mujeres se organizaron para dar inicio a un proceso de resistencia popular cuyas demandas se articulaban en tres ejes (Jiménez y Fuello-Socarrás, 2019):

· Reconocimiento del campesinado como clase social y actor político en resistencia.
· Reconocimiento de la territorialidad campesina y garantías para su materialización.
· Desmilitarización del territorio y respeto de los derechos humanos.

El segundo punto se centraba en la declaración inmediata de dicho territorio como Zona de Reserva Campesina; la implementación de proyectos priorizados por el “Plan de desarrollo sostenible”; la realización de un programa de sustitución gradual y concertado de cultivos de coca; la solución a la crisis alimentaria; y la suspensión de las políticas y los planes minero-energéticos dentro de la subregión.

El objetivo fundamental del Paro era la desmilitarización de la vida, el reconocimiento de proyectos comunitarios para la organización de la tierra y el territorio, es decir, formas de vida y gestión alternativas a las propuestas desde el Estado.

Por medio de diferentes prácticas de movilización social (el bloqueo a las vías, las declaraciones públicas y las asambleas populares), el paro se constituyó en una expresión popular, un espacio de fortalecimiento de resistencias, de abrir posibilidades de acción propia y de crear condiciones favorables para la interlocución con el gobierno.

Los campesinos y campesinas fueron reconocidos como actores políticos y su lucha fue visibilizada y legitimada por buena parte de la sociedad colombiana. Pero, rápidamente, se establecieron dispositivos mediáticos, orquestados desde el gobierno y las élites económicas para deslegitimar el Paro, sin que se escatimara la respuesta violenta por parte del Estado y grupo paramilitares.

Hoy muchos de los acuerdos han sido incumplidos; y al igual que este territorio, los indígenas a través de la Minga se organizan y resisten ya no sólo para hablar sino para demandar la ejecución de acuerdos incumplidos; lo hacen también las comunidades organizadas afrodescendientes; los actores firmantes de paz; las mujeres, los gais, las lesbianas y la comunidad trans; y las organizaciones sindicales. Todos resisten en su diversidad popular, étnica, etaria, de género y territorial, como actores políticos que cuentan con propuestas alternativas de sociedad, de vínculo con el Estado, de defensa de modos de vida digna, de proyectos en “en-común”, distantes de la lógica neoliberal, propia de la racionalidad dominante.

Pero también resisten las amas de casa, las y los abuelas y abuelos, las y los trabajadoras y trabajadores, las y los desempleadas y en especial los y las jóvenes, que luchan por un tener un espacio en la sociedad, por constituirse en actores políticos. Aún no es claro este proceso, pero avanza de manera irreductible, porque más desigualdad, exclusión y violencia no son soportables. Hay un proceso creciente de deslegitimación de las élites económicas y de los partidos políticos. Las luchas y resistencias populares campesinas, indígenas y territoriales avanzan en las ciudades, el “Sí se puede” inunda las calles de las urbes con la esperanza de construir una sociedad desde lo popular para lo popular, con base en el reconocimiento de las formas de organización comunitarias “del” y “en el” territorio.

Es una lucha con actores diversos, con intereses diversos, pero que confluyen en proyectos transversales comunes: educación, trabajo, salud, pensiones, vivienda, por ejemplo.

Pero como en el pasado se pretende deslegitimar estos procesos de resistencia, al asociar el Paro de forma suspicaz con el proyecto Castro-Chavista; y al centrar el poder mediático la atención en los focos de violencia, ejercida por grupos minoritarios que van desde la delincuencia común, grupos paramilitares y escuadrones móviles antidisturbios enviados por el Estado, que no han dudado en ejercer, como históricamente han hecho, la violencia, lo que ha supuesto más de cuarenta muertos, miles de heridos y desaparecidos.

Como en el Paro campesino (Jiménez y Fuello-Socarrás, 2019), la materialización de las aspiraciones, se encuentran sujetas a 1) la voluntad política efectiva desde las clases dominantes para cumplir lo pactado en los Acuerdos a los que llegue; 2) la fuerza popular de los movimientos sociales para presionar para que se lleven a cabo acuerdos y estos se hagan realidad; además, agregaríamos 3) la capacidad de deconstruir el discurso del poder mediático, con vista a construir nuevas miradas, sensibilidades, deseos y formas alternativas de sociedad diversa.

Hoy en Colombia la paz pasa por una perspectiva de la misma de carácter popular.

BIBLIOGRAFÍA

Jiménez, Andrea y Fuello-Socarrás, José, 2019. La lucha campesina del Catatumbo y la construcción de una paz popular. En: Catatumbo resiste cincuenta y tres días de paro. Universidad Nacional de Colombia.

lunes, 24 de mayo de 2021

TEXTOS AUTOMATIZADOS DE ANÁLISIS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ETHOS BUROCRÁTICO

En uno de los proyectos con los que colaboramos hemos vivido recientemente una nueva tendencia en torno a la inteligencia artificial (IA). Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de desarrollar un sistema que genera textos de análisis de manera automatizada. Es decir, nos pidieron que hiciéramos una aplicación que, a partir de un formulario de entrada donde los usuarios eligen períodos de tiempo y algunas otras variables, se generara un informe con tabulaciones y gráficos acompañados de texto de análisis generado automáticamente a partir de dichos datos.

Técnicamente se puede hacer con SAS y lo hicimos. Pero nos preguntamos si en todos los casos merece realmente la pena que se autogenere este texto de análisis. ¿No es mejor ir desarrollando y mejorando el marco teórico y las hipótesis de trabajo? Dado que el cliente pertenece al sector público nos hemos acordado de las ideas de Wright Mills sobre el ethos burocrático y nos han recordado a estos dilemas en torno a la IA.

Que un sistema informático pueda generar de manera automatizada tablas y gráficos redunda en un aumento de la productividad y la seguridad estadística del trabajo con datos. Pero llevar la IA a la escritura de textos de análisis es una decisión que merece la pena ser puesta en cuestión.

lunes, 17 de mayo de 2021

DILEMAS EN TORNO AL CIBERACOSO

Comunicación digital y ciberacoso
Andrés Marín-Cortés y Joaquín Linne (2021) realizan un estudio cualitativo sobre ciberacoso en población joven de Medellín (Colombia). Realizaron 25 entrevistas abiertas y semiestructuradas a víctimas y agresores. Entrevistar a los agresores tiene un carácter bastante novedoso en la literatura sobre la problemática y aporta nuevos puntos de vista.

Uno de los resultados de la investigación es la elaboración de una tipología que diferencia seis tipos diferentes: sonsacamiento de datos, difamación online, suplantación de identidad digital, ciberhostigamiento, sextorsión y pornovenganza.

Se pone sobre la mesa la ineficacia de dos instituciones importantes a la hora de ayudar a las víctimas: la familia y la policía. Ambas tienden a culpabilizar a la víctima más que ayudarla y la segunda, en ocasiones, muestra falta de interés por enfrentar este tipo de delitos. Todo ello es una muestra de la escasa problematización que el ciberacoso tiene a nivel social.

Otro concepto importante es la sensación de impunidad del ciberacoso expresada por los agresores, que ven en el carácter oculto de internet y las redes sociales el lugar elegido para cometer agresiones. Acabar con esa sensación de impunidad debe ser una obligación de autoridades y familias, pero también la necesidad de obligar a las plataformas a desplegar políticas de prevención y denuncia de estas formas de violencia.

Los autores señalan la necesidad de una educación sexual digital en las escuelas. Efectivamente, pero consideramos que también debe plantearse toda una estrategia educativa en torno a la comunicación digital en sentido amplio. Que reflexione acerca del tipo de vínculos que se construyen en estos canales, muchos de ellos diseñados alrededor de la competencia entre individuos.


BIBLIOGRAFÍA

Martín-Cortés, A. y Linne, J. (2021) Una tipología del ciberacoso en jóvenes. En: Revista Mexicana
de Sociología 83, núm. 2 (abril-junio, 2021): 331-356.

lunes, 10 de mayo de 2021

SESGOS IDELÓGICOS DE LA EDUCACIÓN POSITIVA

Educación positiva
Dando continuidad a la reflexión de la entrada anterior, Cabanas y González-Lamas (2021) señalan los sesgos ideológicos que presenta la educación positiva (Edpos), propuesta que en las dos últimas décadas se ha posicionado en el campo educativo como objetivo orientador del mismo.

Los sesgos se centran en la visión individualista, universalista y descontextualizada del movimiento. La EdPos plantea que los factores psicológicos son determinantes para la comprensión y solución de los problemas de la educación, desestimando los factores contextuales como los sociales, relacionales, económicos y de gobernanza, entre otros. Para lo cual presenta una amplia lista de pedagogías terapéuticas de orden psicológico, aptitudinal y actitudinal.

El Movimiento de la Autoestima, impulsado en las décadas de 1980 y 1990, ilustra el auge de esta corriente que centra los problemas educativos en los sujetos, en la manera en cómo ellos gestionan sus emociones; de ahí que la salida a dichos problemas es individual, para lo cual hay que generar prácticas terapéuticas orientadas a fortalecer la autoestima, la confianza, las cogniciones y emociones positivas, dándolas por buenas, independientemente del colectivo estudiantil al cual se aplique, es decir, de su marco situacional y relacional.

Cabanas y González-Lamas (2021) develan tres problemas de la EdPos:
  • Soluciones universales e individuales orientadas a resolver una multiplicidad de problemas, en contextos diversos.
  • Desestiman los pensamientos y las emociones “negativas”.
  • Fomentan de manera repetitiva el espíritu positivo, el optimismo y la resiliencia.
En este orden de ideas, primero, no existen soluciones universales para problemas diversos de los estudiantes más aún cuando hay una variedad de condiciones y oportunidades de las cuales habría que partir para dar respuesta a problemas como el de rendimiento académico, la integración social, el racismo, la xenofobía, la homofobia o el acoso escolar, por ejemplo. Segundo, enseñar a negar la realidad, es decir los problemas, es simplificar el mundo social en que se desenvuelven y puede ser contraproducente para la salud, la adaptación y el aprendizaje de los estudiantes (Cabanas e Illouz, 2019). Tercero, al responsabilizar a los sujetos de su situación y pretender que todo se puede resolver en gran medida con actitudes y pensamientos positivos, con la búsqueda de un crecimiento incesante personal, se puede elevar la frustración y reducir el bienestar entre los alumnos, lo cual va en contra de los mismos objetivos que las intervenciones en EdPos pretenden lograr.

Pero lo más lamentable es que atenta contra uno de los principios fundamentales en que se constituyó la educación: la solidaridad. La asunción de los problemas como algo individual desestima la acción colectiva.


BIBLIOGRAFÍA

Cabanas Díaz, E. y González-Lamas, J. (2021). Felicidad y educación: déficits científicos y sesgos ideológicos de la «educación positiva». Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 33(2), 65-85. https://doi.org/10.14201/teri.25433

Cabanas, E., e Illouz, E. (2019). Happycracia. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controla nuestras vidas. Paidós.

lunes, 3 de mayo de 2021

LA FELICIDAD COMO RECURSO TERAPEUTICO EN LA EDUCACIÓN

Un programa de felicidad en educación
La educación no se ha escapado de la arremetida dada por la psicología positiva, que día a día tiene expresión a través de todo tipo de medios (virtuales, televisivos, periodísticos, etc.) para hacernos un llamado permanente a fomentar las habilidades positivas como el optimismo, la esperanza, la resiliencia, la inteligencia emocional, o el pensamiento positivo como actitudes frente al mundo para conquistar, desde lo individual, un espacio en la sociedad. Un relato que centra los problemas fundamentalmente en los sujetos, desestimando los factores externos, contextuales y relacionales.

Cabanas, E. y González-Lamas, J. (2021) reflexionan sobre el papel que ha tenido en las dos últimas décadas esta corriente expresada como “educación positiva”. Entendida como medio terapéutico para prevenir problemas de salud física y mental; facilitar y mejorar el aprendizaje, además de elevar el rendimiento y garantizar el éxito académico (Seligman, et al., 2009). Como ellos señalan, este giro hacia la felicidad como objetivo primordial de la educación, como bien deseable en sí mismo, presenta problemas de orden conceptual y metodológico, además de sesgos ideológicos.

Los autores muestran cómo, incluso, algunos de sus promotores expresan la ausencia de un marco teórico sólido y la falta de evidencia empírica acumulada, para que esta propuesta aúne teoría psicológica, intervención educativa y práctica pedagógica (White & Kern, 2018).

Por ejemplo, los estudios en mindfulness presentan resultados modestos pero positivos en la mejora de episodios de ansiedad y estrés en el ámbito escolar, mientras los efectos sobre el rendimiento escolar son de moderados a nulos (Waters y Loton, 2019). Igualmente, los vinculados con growth mindset no son significativos en términos educativos (Dweck & Yeager, 2019). Además, buena parte de los estudios no cumplen con criterios de calidad y son poco representativos.

En esta misma línea cuestionan la inteligencia emocional, concepto ambiguo, con múltiples definiciones, con instrumentos de medida y técnicas de evaluación diversas, que dificultan los estudios comparativos. Y, por último, llaman la atención sobre las nociones de autoconcepto positivo (e.g., autoestima, autoeficacia, autoevaluación positiva sobre las propias capacidades) las cuales pueden tener efectos contraproducentes en estudiantes con bajo rendimiento; cuyos fracasos son atribuidos a ellos mismos, a sus problemas personales, ahondando en los sentimientos de culpa y frustración, al desestimar los factores externos y contextuales.

No obstante estos problemas teóricos y metodológicos (control experimental, generalizabilidad, replicabilidad), esta corriente continua ganando espacio en los ámbitos educativos, en organizaciones no gubernamentales y en empresas de asesoría educativa.

Este vuelco a la felicidad como relato cultural y ahora centrado en la educación se orienta a incluir en los currículos educativos a nivel global la enseñanza de habilidades positivas y hacer de ellas el objetivo de la educación. Pero cabría cuestionar, como lo hacen los autores, si los fines promovidos por una educación volcada en la felicidad, centrada en la eficiencia, en la eficacia, es decir, en los resultados, se corresponde con los objetivos de la educación. Estos requieren una reflexión pedagógica, desde los fundamentos de la educación y no desde la psicología positiva.

Sobre los sesgos ideológicos en que se apoyan estás propuestas de pensamiento positivo, de crecimiento personal hablaremos en la próxima entrada.


BIBLIOGRAFÍA

Cabanas Díaz, E. y González-Lamas, J. (2021). Felicidad y educación: déficits científicos y sesgos ideológicos de la «educación positiva». Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 33(2), 65-85. https://doi.org/10.14201/teri.25433

Dweck, C. S., & Yeager, D. S. (2019). Mindsets: A View From Two Eras. Perspectives on Psychological Science, 14(3), 481-496. https://doi.org/10.1177/1745691618804166

Seligman, M. E. P., & Adler, A. (2018). Positive Education. In Global Happiness Policy Report (pp. 52-73). Global Happiness Council, GHC. https://s3.amazonaws.com/ghc-2018/ GlobalHappinessPolicyReport2018.pdf

White, M. A., & Kern, M. L. (2018). Positive education: Learning and teaching for wellbeing and academic mastery. International Journal of Wellbeing, 8(1), 1-17. https://doi.org/10.5502/ijw.v8i1.588

miércoles, 28 de abril de 2021

CENSO 2021 DE ESPAÑA: ARRIESGADA APUESTA POR EL BIG DATA

Logotipo del Censo 2021 del INE
El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España
lanzó una importante reforma en el Censo de Población y Viviendas de 2011: dejó de ser exhaustivo y empezó a cruzar datos con otras fuentes de información recogida por la citada entidad. Este cambio se realizó para una década en la que se vivió una explosión migratoria en el país; y, ciertamente, no existe la seguridad de si se contó adecuadamente todos los flujos de población.

El Censo de 2021 va aún más allá, pues se compone de registros administrativos, big data procedente de fuentes privadas y una encuesta ad hoc.

Domingo et al. (2021) plantean en su artículo una variedad de ventajas y desventajas, expectativas y realidades en torno al censo que se va a realizar este año. Nos parece muy relevante lo planteado en torno a la escasa planificación de lo que se pretende realizar, la dependencia de una estrategia de reducción de costes, así como las implicaciones de un cambio de modelo que supone el aterrizaje de un paradigma de ciencia de datos en detrimento de un paradigma estadístico. Especialmente, se señala que está por ver si la falta de estructuración de los big data va a permitir realizar un trabajo homogéneo sobre los espacios geográficos y los grupos sociales.

Por nuestra parte, queremos añadir a ese debate otra cuestión. Desde los últimos años, el INE viene externalizando el trabajo de recogida de datos de la mayoría de sus encuestas, aquellas que pretende combinar con la muestra realizada, además de otras fuentes secundarias. Así, diferentes empresas vienen asumiendo la recogida de la información, con unas características condiciones de trabajo para los encuestadores, así como decisiones encaminadas a la rentabilización de dichas operaciones. Y todo ello en desmedro de la homogeneidad necesaria para alcanzar unos determinados niveles de calidad.

Veremos el resultado de estos cambios, si verdaderamente se cumple con las expectativas de los más optimistas, si se convierte en un fracaso o si la inhibición metodológica y la inercia administrativa logran esconder las fallas huyendo hacia adelante.


BIBLIOGRAFÍA

Andreu Domingo i Valls, Xiana Bueno y Rocío Treviño Maruri. 2021. “El nuevo censo de 2021 en España: un debate metodológico, epistemológico y político pendiente”. En: Revista Internacional de Sociología RIS
vol. 79 (1), e181, enero-marzo, 2021, ISSN-L:0034-9712
https://doi.org/10.3989/ris.2021.79.1.19.181

miércoles, 21 de abril de 2021

IDENTIDAD: ANTIESENCIALISMO ANALÍTICO

Identidades
Retomando a Henry Hale (2004), Sobczyk, Soriano-
Miras y Caballero-Calvo (2020) analizan el concepto de identidad desde una perspectiva multidimensional. Si bien la raíz latina del concepto de identidad significa “lo mismo”, transmitiendo la idea de igualdad; los estudios lo abordan desde la esfera personal –atributos personales- y la grupal, asociada a la pertenencia a grupos.

Por su parte, Durkheim remite la identidad a la “conciencia colectiva”; mientras Weber lo hace con la “conciencia de comunidad”.

Sobczyk et al. definen la identidad personal como:
El conjunto de puntos de referencia vinculados entre sí, construidos socialmente y cambiantes en cuanto a su significado y relevancia, que sirven para la auto-definición personal, estableciendo una relación entre el individuo y las demás personas y orientando potencialmente el comportamiento. En cada momento dado la identidad está formada por puntos de referencia de baja y de alta relevancia social (2020: 205).
En este sentido se distancian de posiciones esencialistas que abordan la identidad como marcas indelebles tatuadas en los sujetos, que los proveen de atributos imborrables, las cuales se traducen en formas de ser, actuar, valorar e interpretar el mundo, sin considerar la esfera situacional, la trayectoria vital, ni los recursos de poder, por ejemplo.

Categorías identitarias vinculadas, entre otras, con la edad, el género, la profesión, la religión o la nacionalidad. La inclusión de los individuos en una categoría se traduce en la exclusión de otros, asociándose con frecuencia con la distribución desigual de recursos económicos, prestigio social o un diferenciado acceso al poder.

Retomando a Goffman (2001) señalan que la identidad puede ser profundamente situacional, en la medida en que las categorías identitarias se asocian con expectativas en cuanto a la conducta. En la cotidianidad frecuentemente actuamos, muchas veces de manera improvisada, intentando ajustarnos al imaginario asociado a nuestras diversas pertenencias.

Las categorías identitarias colectivas, es decir, aquellas que sirven para crear la idea del grupo, pueden ser construidas internamente y externamente. Por ejemplo, describen el caso del genocidio de Ruanda de 1994, que se apoyó sobre la construcción, desde el poder, de una diferenciación étnica, cuando las fronteras sociales anteriores eran, sobre todo, regionales y sociales.

Destacan la necesidad de abordar la esfera del poder para comprender cómo emergen categorías identitarias colectivas sobre la base de la construcción de fronteras sociales, por ello habría que indagar “quién hace” y “quién padece” las categorías identitarias existentes (Olmos, 2009).

Los procesos de categorización, muchos de ellos binarios, están vinculados estrechamente con las desigualdades sociales. La atribución de juicios de valor en torno a la diferencia se cristalizan en jerarquías. La definición del “otro” como un sujeto con déficit puede servir para legitimar su discriminación y el trato preferencial para los miembros del endogrupo. Los “otros” son un reflejo invertido de “nosotros”, en el sentido de que lo que es bueno en nosotros falta en ellos.

Para distanciarse de un antiesencialismo analítico respecto a la identidad, Sobczyk et al. proponen abordarla en cinco líneas de análisis: 1) diversidad intragrupal; 2) transformaciones de las pautas socio-culturales en el tiempo; 3) la habitual falta de relación entre las etiquetas existentes y la realidad social; 4) el peso de la discriminación en la emergencia de algunos rasgos distintivos; y 5) la excesiva consideración de rasgos culturales por encima de los de índole política y económica.

Hoy por hoy urge reflexionar sobre la identidad, no desde una perspectiva esencialista, pero tampoco deconstruyéndola en su totalidad, es decir, negando su existencia. Las identidades, y con ellas los nacionalismos, están siendo alimentadas desde el campo político, desde las esferas de poder, para legitimar la exclusión del otro, para reforzar el origen común, las mismas ideas, pero sobre todo la existencia de un enemigo común. Además, las categorías binarias construidas y legalizadas desde los ámbitos gubernamentales soportan estos discursos: masculino/femenino; nacional/extranjero; regular/irregular, cuando no ilegales; terroristas, etc. Es necesario pensar las identidades desde una perspectiva multidimensional en la medida en que la vida cotidiana de los sujetos discurre en una diversidad de redes sociales, que los sitúan en contextos diversos de interacción, aprendizaje, reflexión, reafirmación pero también de cambio.

BIBLIOGRAFÍA

Goffman, E.. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu, 2001.

Hale, H. Explaining ethnicity. Comparative Political Studies, v. 37, n. 4, p. 458-485, 2004.

Olmos, A. La población inmigrante extranjera y la construcción de la diferencia: discursos de alteridad en el sistema educativo andaluz. Granada: Universidad de Granada, 2009.

Sobczyk, R., Soriano-Miras, R. y Caballero-Calvo, A. 2020. Procesos de identificación y construcción: desafíos del antiesencialismo analítico. Sociologías, Porto Alegre, año 22, n. 54, mayo-agosto, pág. 202-229.

lunes, 12 de abril de 2021

EFECTOS DE LA FINANCIARIZACIÓN

Retomando el estudio de Massó, Davis y Abalde
(2020), nos detendremos en los efectos de la financiarización en los sistemas de protección social, en las finanzas públicas y en las subjetividades.

La financiarización en el ámbito de la política pública ha tenido su expresión en los sistemas de protección social (por ejemplo salud, educación o pensiones) y en las organizaciones que sustentan estos servicios, tales como universidades y hospitales. Servicios que antes estaban desvinculados de la provisión de los mercados, son traducidos a la lógica de los activos de inversión y rentabilidad.

En términos de los autores, la desregulación entendida como “re-regulación intencionada” supuso políticas de privatización, externalización de actividades, beneficios fiscales para titulares de pensiones privadas y esquemas de préstamos para estudiantes, entre otras. Todo ello soportado sobre discursos sobre la gobernanza como es la teoría de la Nueva Gestión Pública (Spicer, 2007), que posiciona el ámbito de lo privado como el espacio de eficiencia y rendimiento. En este sentido, la financiarización ha supuesto un conjunto de valores hegemónicos avalados no sólo desde el campo económico o mediático sino académico.

Igualmente, la financiarización ha contribuido a redefinir las finanzas públicas. La creciente acumulación de deuda pública, traducida en el “estado de la deuda”, expresa el aumento progresivo de ésta desde la década de 1980 en las democracias capitalistas ricas. El desarrollo de los mercados de deuda pública y de los instrumentos de deuda buscando liquidez ha sido la estrategia de los estados para financiar el déficit público, apoyados en políticas de desregulación e innovación financiera. La crisis de la deuda pública de países como Portugal, Italia, Grecia y España, es atribuible principalmente a la estructura institucional y tecnológica de estos mercados, lo que permitió a los inversores especular con diferentes tipos de riesgos soberanos (Massó, 2020: 7).

Por último, resultado de la creciente expansión de las finanzas de mercados y de mayor presencia de intermediarios financieros -entidades no bancarias-, la financiarización se presenta como una oportunidad de negocio para los individuos, que abarca aspectos de bienes y servicios cotidianos, consumo, vivienda, pensiones y seguros.

Mediáticamente se anima a los sujetos a internalizar un discurso que posiciona la financiarización como una oportunidad para el consumo y acceso al estatus de inversor y propietario de activos. Las pensiones se convierten en una inversión y la compra directa suele ser penalizada si no no va atada a un crédito con una financiera, a un seguro y a una serie de servicios postventa, como es el caso de la compra de un vehículo o una vivienda.

El riesgo es presentado como una oportunidad para acceder a los mercados financieros, es el medio para hacer frente a futuros de vulnerabilidad ante una posible enfermedad, desempleo duradero o falta de fondos para la jubilación. Promovido también por las políticas sociales y públicas que transfieren la responsabilidad de la provisión de la protección social del Estado a los individuos, en lo que Martín (2002) denomina “financiarización de la vida cotidiana”.


BIBLIOGRAFÍA

Martin, R. (2002) Financialization of daily life. Philadelphia: Temple University Press.

Massó, M., M. Davis and N. Abalde. (2020) “The problematic conceptualization of financialisation: differentiating causes, consequences and socio economic actors’ financialised behaviour”. Revista Internacional de Sociología 78(4):e169. https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.4.m20.001

Spicer, M. (2007) “Politics and the Limits of a Science of Governance: some reflections on the thought of Bernard Crick”. Public Administration Review. 67(4):768-779.

lunes, 5 de abril de 2021

¿QUÉ ES FINANCIARIZACIÓN?

El humo de la financiarización
La crisis económica 2007/08 evidenció el poder creciente de los actores financieros, los mercados y los valores en los campos político, económico y social, en un proceso que se había denominado financiarización. Massó, Davis y Abalde (2020) realizan un estudio minucioso sobre el estado del arte de este fenómeno y señalan que esta tendencia expresa un cambio estructural e in-completo de las economías contemporáneas. No es una fase de transición sino un modelo de hegemonía de “hombres adinerados”, que ejercen autoridad cultural, económica y política sobre los miembros de la sociedad a través de la praxis del dominio lingüístico. Un modelo que redefine permanentemente los vínculos, la forma como las instituciones políticas asumen la cosa pública, las empresas la inversión y el riesgo y los sujetos la forma de acceder al consumo y al ahorro.

Según los autores, la financiarización ha sido posible por múltiples causas tales como:

  • Desde el campo político a la aplicación del poder regulador para la creación de mercados más libres y competitivos. Massó et al argumentan que es más exacto entender desregulación como re-regulación intencionada. Lo cual posibilitó nuevas reglas del juego y la aparición de nuevos actores (intermediarios financieros, inversores institucionales, etc.).
  • Desde campo tecnológico, el proceso de innovación financiera, entendido como la creación de nuevos productos financieros y mecanismos de intercambio, producto de la combinación de desregulación y emprendimiento de actividades en espacios financieros alternativos (Langley, 2016). Todo ello posibilitado por la aplicación de matemáticas avanzadas, análisis de datos y técnicas probabilísticas.
  • El surgimiento de nuevos modelos de propiedad y gobierno corporativo (separación de la propiedad del control de las empresas).
  • El eufemismo de la liquidez. Ésta entendida como el proceso en que se crea el valor monetario de un activo financiero, basado en el supuesto de que los activos financieros son perfectamente líquidos e intercambiables, aspecto que no es el caso, pues el dinero pierde su forma líquida en el momento en que se invierte. La ilusión de la liquidez deja atrás la inversión en equipos o maquinaria para procesos productivos, por ejemplo. Este “capital impaciente” ha favorecido la inversión a corto plazo sobre objetivos de desempeño de la empresa a largo plazo.
La financiarización es un "proyecto hegemónico inconcluso", todavía en proceso de transformar las economías centrales y las interdependencias que las sostienen. Acrecienta la inestabilidad económica y las fluctuaciones de los resultados económicos, pero no revierte los efectos perversos que ha producido como protagonista de la crisis económica. Además, ha contribuido a transformar los lineamientos de la política pública, el trabajo, las relaciones laborales y la vida diaria, la cual ha sufrido un proceso de mercantilización.


BIBLIOGRAFÍA

Massó, M., M. Davis and N. Abalde. 2020. “The problematic conceptualization of financialisation: differentiating causes, consequences and socio economic actors’ financialised behaviour”. Revista Internacional de Sociología 78(4):e169. https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.4.m20.001

martes, 30 de marzo de 2021

MULTILINGÜISMO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Manuel Figueroa Saavedra
La ausencia de un cuestionamiento de los métodos,
llamada por Wright Mills como inhibición metodológica no es sólo característica de las técnicas de investigación cuantitativa. En ocasiones, los estudios cualitativos realizan sus diseños ignorando aspectos metodológicos importantes. Uno de ellos es la cuestión de la lengua empleada, por ejemplo, en una entrevista cualitativa.

Manuel Figueroa (2021) realiza una interesantísima reflexión teórica acerca de este tema, que se empezó a problematizar en el mundo anglosajón a partir de los años noventa del siglo pasado. Algunos efectos de utilizar la lengua oficial de un país o una lengua aprobada por la comunidad científica son la culpabilización lingüística o vergüenza de la persona entrevistada por no poder responder en su lengua materna, así como la pérdida de la dimensión sociolingüística del habla, tan importante en una entrevista abierta o semiestructurada.

El autor habla de una postura conformista y de poder de los investigadores que renuncian a la posibilidad de acceder a la lengua materna de los entrevistados, lo que genera también efectos minorizadores en el proceso de comunicación. Conviene recordar la importancia de contar, para estudiar contestos lingüísticos diversos, con profesionales que dominen esas lenguas maternas cuya mediación no podemos eludir.

BIBLIOGRAFÍA

Figueroa, Manuel (2021) EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. Nº 49 enero-abril, 2021, pp. 65-86.

martes, 23 de marzo de 2021

REDES NEURALES COMO PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS CON DATOS MACRO

Representación de una red neural
Para poder analizar grandes volúmenes de
información, está ganando auge el uso del procedimiento estadístico de las redes neurales.

El estudio de Díaz et al. (2020) sobre sesgos de género ocultos en datos macro parte de la idea de que si los big data están sesgados, este sesgo se transmite al análisis y al conocimiento generado por éste. Para indagar acerca de estos sesgos, eligen el procedimiento informático de redes neuronales.

Una red neural es un modelo informático automatizado de aprendizaje inspirado en los sistemas nervioso, que se basa en una estructura de vectores. Es capaz de realizar análisis de grandes volúmenes de información: en el caso del estudio de Díaz et al., se tomó una parte importante de la Wikipedia en español.

Uno de los elementos característicos de esta metodología son los encajes neurales. Un encaje es una instancia de una estructura matemática contenida dentro de otra. Uno de los encajes descubiertos en la exploración citada es el siguiente:

            Mujer es a reina como hombre es a: [rey, amidala, príncipe, naboo]

            Hombre es a rey como mujer es a: [Hija, mujer, esposa]

El encaje da cuenta del machismo que domina el lenguaje y las estructuras de pensamiento, incluso en entidades dedicadas a la difusión del conocimiento como Wikipedia. No cuesta imaginar los efectos sociales generados a partir de este tipo de sesgos en una instancia como la mencionada.



BIBLIOGRAFÍA

Díaz Martínez, Capitolina; Díaz García, Pablo y Navarro Sustaeta, Pablo (2020). «Sesgos de género ocultos en los macrodatos y revelados mediante redes neurales: ¿hombre es a mujer como trabajo es a madre?». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 172: 41-60. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.172.41
)

martes, 16 de marzo de 2021

TRANSICIÓN PROFESIONAL Y GÉNERO

Transición profesional
La transición profesional es el movimiento que
se produce entre dos momentos profesionales diferentes. Suele ser una barrera difícil de franquear, especialmente si se es mujer.

En el caso de las bailarinas en las artes escénicas se considera "normal" el acortamiento de las carreras profesionales de las mujeres por devaluación de su capital erótico (Hakim, 2012). Igual sucede con las carreras profesionales de las y los deportistas. Es un problema que no se trata con la firmeza necesaria en la discusión con los diversos agentes sociales.

El problema se plantea en estos términos: ¿cómo poner en valor la experiencia sin que suponga el abandono de la carrera profesional? ¿Cómo generar procesos de recualificación y/o traslado para poner en valor la experiencia en otras instancias?

L@s trabajador@s con contratos even­tuales están más expuet@s a salir del mercado profesional sin que cuenten con mayores protecciones sociales, situación que las puede llevar, incluso, al abandono definitivo de su profesión.

Ilustra esta problemática el relato de una representante sindical:
"Por ejemplo, el Ballet Nacional: a una mujer la pueden apartar porque se ve gorda, un hombre tiene que subir mucho de peso para que lo aparten. La Ley ¿qué dice? Simplemente que si tú no estás capacitado física o psicológica o estéticamente te pueden apartar. Sin duda hay una es­tética, te pueden apartar, no de tu contrato, no de tu trabajo, pero sí de esa programación y no puedes decir nada, porque el director artístico o el coreógrafo te dice: es que como has estado lesionada tres meses has cogido un poquito de peso, no se te ve bien, entonces todavía estás un poquito baja, vamos a esperar, baja de peso, te pongo el segundo casting, y esto no se ve con ningún hombre. A un hombre no se le retira de una programación por el peso, a no ser que sea exagerado… Hay un elemento subjetivo que es el del director artístico, entonces en la decisión que tome el elenco… no hay nada objetivo.
[…] esto es un problema… porque este país no tiene establecida la transi­ción profesional de bailarines y bailarinas en las artes escénicas, no lo tiene establecido aún. Entonces todo tiene que ser a base de juicios, de­nuncias… Este país que no tiene eso, porque este país te manda a la calle, no como en Europa o Estados Unidos. Aquí no existe eso. […] Su carrera artística en activo termina. ¿Qué otra cosa puedo hacer que no sea una academia de danza? Dar clasecitas y morirme ahí de asco. ¿Qué más puedo hacer? Eso es una cosa que el Estado tiene que prever. Nosotros hemos sido pioneros en esta propuesta" (López, 2020: 349 en Anlló et al.).
Esta situación debe ser reconocida como problema social, y como tal debe ser visibilizado, legitimado e institucionalizado. Por ello urge colocarlo en la agenda política de las organizaciones sociales, sindicales y del Estado para que el capital humano no sea desechado en perjuicio de los sujetos y de la sociedad en su conjunto.


BIBLIOGRAFÍA

Anllo, F., Fernández, J., Martínez, E.. López, C.M., Peña, E. 2020, Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte, España.

Hakim, C. (2012) Capital erótico. El poder de fascinar a los demás. Barcelona: Debate.

 

lunes, 8 de marzo de 2021

LA OPACIDAD DE LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En la anterior entrada escribimos sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el sector público español. Hoy queremos centrarnos en el Ministerio de Cultura y Deporte (MCD).

Nuevamente retomaremos el informe laboral presentado por López (Anlló et al, 2020). Este ministerio está integrado mayoritariamente por mujeres (61%), situación que no daría cabida a mayores sospechas sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 2018, más aún cuando ellas ocupan las instancias más altas de responsabilidad, excepto la instancia máxima de poder. Pero esta mayoría cuantitativa genera un proceso de opacidad de la desigualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en otras esferas.

En términos absolutos las mujeres tienen una mayor presencia en los grupos y niveles superiores. Sin embargo, el análisis desvela que su participación en dichos puestos, en términos proporcionales a su grupo, suele ser menor a la de los hombres, en la mayoría de las dependencias del Ministerio y organismos adscritos, colegiados y dependientes. Es decir, las carreras profesionales de los hombres presentan mayor dinamismo que las de las mujeres. Opacidad en el sen­tido de que es una realidad no evidente, como tampoco es evidente la existencia de un «techo de cristal» que lleva a que las mujeres no avancen al mismo ritmo que los hombres en su desarrollo profesional (2020:340).

Además, es de destacar que proporcionalmente a su grupo, las mujeres están más ubicadas que los hombres en la base piramidal de la retribución salarial; y tienen más contratos eventuales que los hombres.

Sin embargo, queremos resaltar no sólo la desigualdad en cuanto al género sino aquellos dispositivos que colocan límites a la igualdad efectiva entre trabajadoras y trabajadores, sin distinción de género.

El primero de ellos es la división entre personal funcionario y laboral (ver gráfico). Si en la administración civil del Estado el personal laboral representa el 16,3%; en el Ministerio de Cultura y Deporte es el 71% en 2018. Es decir, aquí se refuerza la desigualdad de condiciones de trabajo y de oportunidades basada en dichas categorías. Desigualdad en términos de salario, complementos salariales, movilidad interna, derechos asociados a prestaciones o tiempo, entre otros. Esta situación, que se ha naturalizado y por tanto invisibilizado como fuente de desigualdad, se traduce en una brecha no sólo salarial sino de condiciones laborales y reconocimiento social.

Esta brecha de desigualdad que va más allá de la salarial, se amplía con los trabajadores subcontratados. A pesar de las tasas de reposición de mano de obra existentes en el sector público, la crisis económica, unida a la política de reducción del gasto público, encaminada a la simplificación de las estructuras administrativas y reducción de sus costes de financiamiento y la externalización o subcontratación de actividades, se ha tradu­cido en una disminución del empleo público. Cada vez más el Estado español subcontrata aquellos empleos ligados con actividades vinculadas a las nuevas tecnologías a la vez que externaliza servicios tradicionalmente asumidos con personal propio. Trabajadores que transitan al borde de la exclusión social en las esferas del Estado, con vínculos precarios, sin mayor reconocimiento. Ellos no “pertenecen a la casa”, esta es otra de las opacidades que alimenta la desigualdad y que sufren tanto mujeres como hombres.

Otro dispositivo que alimenta la desigualdad es la pertenencia a un determinado ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deporte, integrado en su mayoría por mujeres, sumado a que la cultura no cuenta con el reconocimiento social e institucional que tienen ministerios como el de Fomento, por ejemplo, recibe un presupuesto menor, con efectos en los complementos salariales recibidos por los funcionarios. Esto genera una brecha salarial interministerial y es otra fuente de opacidad.

Por último, para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, cabe destacar dos problemas más. Primero, es necesaria una reclasificación social del trabajo. Esto supone poner en valor los trabajos tradicionalmente feminizados: maquillaje, peluquería, utilería, entre otros, cuyo valor de uso y valor de cambio no son los mismos que los desempeñados por hombres.

Podemos concluir: para analizar la desigualdad en el trabajo es indispensable destacar la desigualdad transversal y estructural existente entre hombres y mujeres, pero también es necesario indagar por todos aquellos resquicios de opacidad que dificultan ver las desigualdades que menoscaban las oportunidades y derechos tanto de hombres como mujeres, de personas transgénero, con diversidad funcional y étnica, entre otros.


BIBLIOGRAFÍA

Anllo, F., Fernández, J., Martínez, E., López, C.M., Peña, E. 2020, Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte, España.